El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha criticado hoy la alianza del Partido Popular y Vox para impedir con sus votos las comparecencias del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Consejo de la Juventud y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante la tramitación del proyecto de Ley de Vivienda presentado en el Parlamento por el Gobierno de Cantabria.

Hernando cree que el rechazo de las comparecencias de "tres colectivos clave", solicitadas por el PRC para "escuchar todas las voces directamente afectadas por los problemas de acceso a la vivienda", supone "empezar con mal pie" la tramitación parlamentaria de una ley que debe ser "decisiva" para afrontar las soluciones que necesita Cantabria.

"Si no escuchamos a los jóvenes, ni a las personas con discapacidad, ni a quienes no pueden hacer frente a los gastos hipotecarios, estamos ignorando la visión los colectivos que sufren a diario y de modo directo los problemas que la ley debe intentar solucionar", ha lamentado.

Además de destacar que el PRC votó a favor de todas las comparecencias planteadas por el resto de los grupos, porque "todas las aportaciones deben ser escuchadas", ha cuestionado que las dos formaciones de derechas quieran excluir de la participación a "las organizaciones que representan a los colectivos más vulnerables", una actitud con la que demuestran "una preocupante falta de voluntad de diálogo y una intención deliberada de ocultar los efectos reales del problema".

Pedro Hernando se ha declarado "muy preocupado" por el rumbo que toma esta iniciativa legislativa a partir del "camino de exclusión" impuesto por el PP y Vox en lugar de abrir el Parlamento al "diálogo plural y a las aportaciones de todos los colectivos directamente interesados por la futura norma".

A su juicio, una ley de vivienda "no puede construirse de espaldas a la realidad social", máxime cuando Cantabria "lidera las tasas de emancipación más bajas de España" y la presión hipotecaria y el alquiler se han convertido en "una barrera infranqueable para miles de familias".

Por ello y desde el compromiso del PRC con el derecho constitucional a una vivienda digna, ha exigido que el proyecto de ley que inicia su andadura parlamentaria se tramite "con transparencia, participación y garantías para todos los sectores interesados".