El Partido Regionalista de Cantabria es una formación política democrática, social y aconfesional.
Tiene como objeto la defensa de los intereses de Cantabria, y adopta sus decisiones, de manera democrática e independiente, en sus órganos de gobierno, cuya sede se encuentra en esta Comunidad Autónoma, sin que estén condicionados por organismos o estructuras situados fuera de ella.
El PRC cree que las clases populares tienen una experiencia inestimable e insustituible en la realidad cotidiana, que aconseja escuchar su voz y acoger sus iniciativas con la mayor atención. Por eso se define como un Partido a la escucha del pueblo y aspira a ser la fuerza política decisiva en esta comunidad.
El PRC parte de profundas convicciones democráticas que aplica y exige tanto en la gestión de los asuntos públicos, como en su organización y funcionamiento internos.
El PRC es un partido que defiende la justicia social como condicionante y como referente de la acción política, que promueve el desarrollo y consolidación del Estado del Bienestar y que tiene siempre especial atención a las necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.
El PRC es un partido autonomista, que defiende y cree en la descentralización política y el derecho de autogobierno de Cantabria como mejor manera de gestionar los asuntos propios.
El PRC es un partido que defiende a Cantabria y a España, como dos realidades históricas distintas y complementarias, cada una de ellas con un ámbito de decisión sobre los asuntos que afectan a los ciudadanos de Cantabria, que se integran de forma natural en ambas.
El PRC es un partido con vocación europea, que cree en la realidad y el futuro de Europa y en la necesidad de reforzar su naturaleza, sus fines y sus instituciones.
El Partido Regionalista de Cantabria es un Partido de progreso, que valora y defiende la tradición y el rico legado de la historia, pero que actúa políticamente para preparar y garantizar un adecuado futuro para las generaciones venideras. Para ello, apuesta por el desarrollo sostenible, que supone el adecuado equilibrio entre la obligación de atender las necesidades de los ciudadanos y su derecho a vivir dignamente, con el respeto al patrimonio histórico, cultural y natural que nos ha sido legado.
