El Partido Regionalista de Cantabria ha presentado, en el trámite de consulta pública que concluyó el pasado viernes, 10 ejes "estratégicos y prioritarios" para la reforma de la Ley de Patrimonio Cultural que el Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha sin respetar el acuerdo para tramitar una proposición legal conjunta, recogido en el pacto presupuestario suscrito el pasado mes de octubre por el secretario general del PRC , Miguel Ángel Revilla, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.
Así lo han anunciado este martes la candidata a las elecciones de 2027, Paula Fernández Viaña, y el vicesecretario de Acción Territorial, Javier López Marcano, en una rueda de prensa en la que han lamentado "este nuevo incumplimiento de los acuerdos firmados" por parte del Gobierno, pese a que "fue el PRC quien incluyó esta reforma como condición para aprobar los presupuestos de 2025 y asumió como prioridad la mejora de la gestión del patrimonio cultural con una ley moderna, eficaz y participativa".
"No vamos a consentir que se ningunee el pacto, ni que se redacte una ley de esta importancia de espaldas a quienes defienden, investigan y difunden nuestra cultura", ha asegurado Fernández Viaña.
No obstante, y a pesar del "incumplimiento", el PRC ha decidido "priorizar lo importante, que es conseguir una buena ley", y participar en la consulta pública con las aportaciones sobre las que se sustenta su propia proposición de ley, que ya tiene elaborada y que registrará en septiembre "si no hay avances" y el Gobierno no somete su borrador a información pública antes del día 15 de dicho mes.
López Marcano ha detallado el contenido de esas aportaciones, que constituyen una propuesta integral para actualizar y blindar la protección del patrimonio cultural de Cantabria a partir de dos premisas: atender al artículo 30 del Estatuto de Autonomía, por el que corresponde al Gobierno de Cantabria la responsabilidad de la defensa y protección de los valores culturales del pueblo cántabro, y realizar una norma que vaya "del homo sapiens sapiens al homo digitalis", con una reforma ambiciosa y adaptada a los retos actuales, que evite vacíos como los que han permitido la alteración, deterioro e incluso desaparición de elementos de alto valor patrimonial en los últimos años. El objetivo del PRC pasa por garantizar una gestión "moderna, eficaz y participativa", ha precisado.
Con este objetivo, los regionalistas quieren asegurar "un marco jurídico claro y ágil", que simplifique los procedimientos, establezca distintas graduaciones de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y reduzca las trabas administrativas para agilizar las declaraciones como tal, sin menoscabo de su protección preventiva. También que se repasen las categorías de los bienes catalogados e inventariados, se proteja más eficazmente el patrimonio inmaterial con una nueva regulación y mayor protección, conservación y difusión desde la óptica de la etnología y que se resuelvan con rapidez las intervenciones urgentes. Igualmente, desde el PRC defienden más transparencia y participación ciudadana, garantizando la información pública de los expedientes y la apertura de cauces de consulta con asociaciones culturales, profesionales y ciudadanos antes de adoptar decisiones relevantes sobre el patrimonio.
Potenciar la investigación y divulgación, a partir del estudio sistemático de los bienes culturales y la difusión de su valor histórico, artístico y social para implicar a la sociedad en su conservación y orgullo por su identidad, es otro de los ejes que defiende el PRC junto a la conservación preventiva y una gestión sostenible que priorice el mantenimiento regular frente a las grandes intervenciones, fomentando criterios de sostenibilidad ambiental y económica, y evitando la degradación de los bienes por desidia, ya sea particular, deliberada o no, como institucional.
En quinto lugar, abogan por reforzar estas políticas con medios humanos y técnicos suficientes, con un refuerzo de las plantillas de técnicos, inspectores y restauradores para que la Administración cumpla con eficacia sus funciones de tutela y control, y forme a los profesionales con criterios actualizados.
También reivindican la cooperación con los ayuntamientos, apoyando a las entidades locales para que puedan ejercer sus competencias y responsabilidades en patrimonio, con asesoramiento, cofinanciación y convenios para intervenciones conjuntas, y políticas de educación y sensibilización que contemplen la inclusión de contenidos de patrimonio cultural en la educación formal y no formal para formar a las nuevas generaciones en el respeto y aprecio por su entorno cultural y natural.
Asimismo, el PRC pretende impulsar la actualización tecnológica y la digitalización del patrimonio mediante la creación definitiva del archivo general de Cantabria y otros más especializados y concretos como el archivo de imágenes y el sonoro, de especial importancia para los bienes inmateriales, así como la digitalización, catalogación y puesta a disposición de la documentación que tiene que ver con nuestro patrimonio histórico y cultural.
Además, y para impulsar un turismo cultural sostenible, plantea aprovechar el patrimonio como recurso económico compatible con su preservación mediante planes que eviten la masificación, respeten los valores de los bienes y beneficien a las comunidades locales.
Finalmente, para asegurar el seguimiento y evaluación de la nueva ley, propone establecer indicadores y mecanismos de control que permitan valorar periódicamente el grado de cumplimiento de la norma y adaptarla cuando sea necesario a nuevas necesidades o desafíos.
Con estas propuestas, el PRC "quiere ser protagonista de un cambio en la gestión del patrimonio cultural que esté a la altura de la historia y la riqueza cultural de Cantabria".
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