El Partido Regionalista de Cantabria ha registrado preguntas y peticiones de documentación en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Castañeda para que Gobierno y el Consistorio den a conocer toda la documentación en su poder sobre el centro de tratamiento de amianto que prevén autorizar en el vertedero de Carceña.
El PRC ha dado este paso ante la "preocupación" por la incidencia que la gestión de un residuo "altamente contaminante y con un enorme impacto ambiental como el amianto" pueda tener sobre la calidad de vida de los vecinos de Castañeda y ha criticado "el secretismo y la opacidad" con la que están gestionando este proyecto tanto el Ejecutivo como el Ayuntamiento, una actitud que "está contribuyendo a la alarma entre la población de Castañeda".
Por ello y con el objetivo de "aportar luz y clarificar el alcance real de este nuevo vertido", los concejales regionalistas han solicitado acceso al expediente completo del proyecto, incluida la memoria, los informes técnicos, los evacuados a otras administraciones con competencia en la materia, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, la resolución de otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada y la autorización de gestor de residuos.
Por lo que respecta al Gobierno cántabro, el PRC reclama una copia de toda la documentación que tenga en su poder y le pide que aclare qué conocimiento tiene sobre las obras ejecutadas por la empresa Integraciones Ambientales de Cantabria (IACAN) para acondicionar la planta de gestión de residuos de Castañeda para la recepción de inertes procedentes del desmantelamiento de instalaciones con amianto.
También quiere que explique si cree que ha actuado "con la debida obligación de transparencia" en relación con esta nueva planta de tratamiento de amianto, a la vista de las reticencias mostradas por el consejero de Fomento, Roberto Media, a la hora de dar a conocer la ubicación elegida.
Los regionalistas de Castañeda apelan especialmente al alcalde de Castañeda, Marcos García (PP), para que actúe "con responsabilidad y sin hacer seguidismo del PP regional", porque "su primera obligación es defender a los vecinos a los que representa".
En este sentido han cuestionado que el regidor intente "echar balones fuera" negando la competencia municipal para autorizar o rechazar la nueva planta, cuando "si lo que se plantea es un nuevo uso en el vertedero ya existente el Ayuntamiento tiene mucho que decir, e incluso podría impedir que ese material llegue a Castañeda".
Por todo ello, exigen explicaciones y reivindican "el derecho de los vecinos a saber qué tipo de actividad y en qué condiciones se va a desarrollar en Castañeda, máxime cuando hablamos del vertido de un material como el amianto, cuya manipulación y almacenamiento están sometidos a normas muy estrictas por su peligrosidad".
Finalmente, han considerado "fuera de lugar" el "entusiasmo y el apoyo incondicional" con que el alcalde ha acogido el proyecto, "antes siquiera de explicar a la ciudadanía de todos los detalles para que quedes claras las posibles repercusiones en el municipio y en la salud de los vecinos de la zona".