El PRC de Santander ha presentado alegaciones al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales 8-T y 7-T por la prestación del servicio de suministro de agua y el de alcantarillado, respectivamente, para el año 2026, con bonificaciones especiales dirigidas a "proteger" a los ganaderos de la ciudad.

En concreto, la propuesta pasa por establecer una cuota variable en la tasa de agua de 0,75560 euros por cada m3 de agua a las explotaciones ganaderas, con un mínimo obligatorio de 24 m3 al trimestre, siempre que cuenten con contadores independientes para el establo y una bonificación del 95% en la cuota fija de la de alcantarillado, siempre que dispongan de sistemas propios de depuración o reutilización de aguas residuales.

Según ha explicado su portavoz municipal, Felipe Piña, actualmente en Santander subsisten diversas explotaciones ganaderas, "principalmente de carácter familiar" y ubicadas en barrios periurbanos como Monte, Cueto, San Román y Peñacastillo, que contribuyen decisivamente a la conservación del paisaje agrario tradicional y a la preservación de la biodiversidad. Los datos indican que al cierre de 2024 había 14 explotaciones de ganado bovino destinadas a la producción de leche y 43 orientadas a la carne. Esta cifra representa un descenso respecto a los años anteriores, ya que en 2023 había 14 explotaciones de leche y 71 de carne, mientras que en septiembre de 2025 los números bajaron a 13 para leche y 42 para carne. Una tendencia que confirma la "paulatina desaparición de un sector con arraigo histórico en la ciudad, que enfrenta retos significativos para su supervivencia".

Así, ha señalado que esta medida tiene como finalidad "aliviar los crecientes costes de energía, agua y servicios municipales que soportan estas explotaciones familiares", frenando su desaparición, manteniendo el empleo en el sector primario y promoviendo el relevo generacional.

El regionalista ha destacado que las ordenanzas municipales actuales no contemplan las "características específicas" del sector ganadero, donde el agua se destina a usos no industriales "con retornos ambientales y sociales positivos". Así, ha subrayado que esta medida ya se aplica en otros municipios cántabros como Cabezón de la Sal y Torrelavega, donde actualmente se reconocen las funciones territoriales y ecológicas del sector mediante tarifas reducidas.

Para finalizar, Piña ha asegurado que el impacto económico en la recaudación municipal será "mínimo" debido al reducido número de explotaciones activas, pero que los beneficios sociales, ambientales y territoriales serán "muy significativos para el sector", en consonancia, además, con la Estrategia 'De la Granja a la Mesa' de la Unión Europea y el uso racional de recursos hídricos.