El Pleno aprueba las iniciativas regionalistas para impulsar la llegada de empresas al polígono y proteger el poder adquisitivo de los pensionistas, mientras el Gobierno anuncia la puesta en marcha de la cuenta vivienda en 2027
La Pasiega | El Parlamento exige al Gobierno un plan para atraer empresas
El Parlamento aprobó, por 18 votos a favor y 14 en contra, una moción del PRC defendida por Pedro Hernando para que el Gobierno presente, en un plazo máximo de dos meses, un plan de captación e implantación de empresas en La Pasiega y remita informes trimestrales sobre inversiones, empleo y comercialización del suelo.
Hernando denunció que el coste del proyecto ha pasado de 120 a 230 millones de euros y que la primera fase, prevista para febrero de 2026, aún no ha concluido. Además, recordó que el Ejecutivo anunció una posible inversión de 750 millones y 450 empleos, pese a que el consejero Eduardo Arasti reconoció posteriormente que ninguna empresa había reservado suelo.
“Lo único que crece realmente en La Pasiega con rapidez es la factura”, afirmó Hernando, al advertir de que “tenemos suelo, tenemos obra, tenemos dinero que los cántabros hemos invertido en generar futuro. Lo que no tenemos es plan para traer empresas”.
El PSOE respaldó la iniciativa de la mano de Pablo Zuloaga, que defendió que “no bastan anuncios, no bastan declaraciones de intenciones, no bastan las fotografías”. Vox también votó a favor por considerar necesaria una mayor transparencia.
El PP rechazó la propuesta. Su diputado Íñigo Fernández aseguró que el Gobierno ha avanzado en la conexión ferroviaria y el suministro eléctrico y que “el método del Gobierno de Buruaga funciona”.
Pensiones| Paula Fernández Viaña consigue un amplio respaldo parlamentario
La Cámara aprobó una proposición no de ley del PRC para defender el sistema público de pensiones, rechazar su privatización y garantizar la revalorización anual conforme al IPC real. La votación registró 30 votos favorables y una abstención.
La candidata regionalista abrió el debate con una intervención centrada en los derechos de los pensionistas. “Hoy no subo a esta tribuna a hablar de fríos balances contables. Hoy vengo a hablar de una vida entera de trabajo”, comenzó.
La candidata regionalista explicó que las pensiones no son una concesión de los gobiernos, sino un derecho adquirido después de décadas de cotizaciones. Criticó las propuestas de capitalización privada atribuidas a Vox y recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy desvinculó las pensiones del IPC en 2013.
También pidió claridad al PP sobre sus compromisos futuros. “¿Van a garantizar por ley que las pensiones suban siempre como mínimo lo que sube la vida, gobierne quien gobierne?”, preguntó.
Vox rechazó las interpretaciones de Fernández Viaña sobre su posición y confirmó su voto favorable y el PP, por su parte, también defendió su compromiso con la actualización conforme al IPC. Fernández Viaña cerró el debate reivindicando que “el sistema de pensiones, gobierne quien gobierne, va a ser deficitario, pero hay que aguantarlo, hay que blindarlo, hay que protegerlo y hay que cuidarlo”.
Protonterapia | Dudas sobre la planificación
Paula Fernández Viaña formuló dos preguntas al consejero de Salud, César Pascual, sobre la formación y contratación de los profesionales necesarios para poner en marcha la Unidad de Protonterapia de Valdecilla.
La regionalista recordó que los tratamientos, inicialmente previstos para 2025, se han desplazado hasta finales de 2027 y advirtió de que la instalación necesita “profesionales especializados, formados, plantillas suficientes y una organización asistencial preparada”.
Pascual anunció la creación de seis plazas, con un incremento presupuestario próximo a 380.000 euros, y defendió que la formación especializada ya está en marcha, incluidos los periodos de preparación en el extranjero.
Fernández Viaña insistió en que las decisiones administrativas, presupuestarias y de personal deben adoptarse antes de finalizar las obras y reclamó saber qué actuaciones están completadas y cuáles siguen pendientes, recordando que la prioridad no puede limitarse a instalar una máquina, sino garantizar la atención efectiva a los pacientes.
Cuenta Vivienda | El Gobierno promete ponerla en marcha en 2027
El diputado regionalista Javier López Estrada interpeló al consejero de Vivienda, Roberto Media, sobre la cuenta vivienda para jóvenes incluida en los acuerdos presupuestarios entre el PRC y el PP.
López Estrada advirtió de que, a pocos meses de 2027, no constaban avances en los acuerdos con las entidades financieras y solicitó acelerar los trámites para que la medida esté disponible desde comienzos del próximo año.
Media aseguró que ya se han reunido con bancos y con la Consejería de Hacienda y confirmó que la cuenta vivienda estará “en funcionamiento” el próximo año conforme al acuerdo presupuestario alcanzado”.
El consejero explicó que todavía se estudian los límites de edad, renta y precio de las viviendas, así como las deducciones fiscales y su compatibilidad con otras ayudas.
Santa Clotilde | Diferencias sobre el modelo sanitario
El Parlamento rechazó, por 18 votos frente a 15, una moción del PSOE, apoyada por el PRC, para garantizar los derechos de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud ante las posibles consecuencias laborales del convenio singular con Santa Clotilde.
Paula Fernández Viaña advirtió de que, aunque el convenio no incorpora de manera automática a los trabajadores del hospital privado a la plantilla pública, su aplicación podría afectar a la valoración de los méritos profesionales en los procesos de contratación. “Enumerar lo que un convenio no dice no equivale a explicar las consecuencias jurídicas que tiene ese convenio”, afirmó. Además, reveló que durante tres meses un auxiliar administrativo del Hospital de Laredo se dedicó exclusivamente a gestionar derivaciones a Santa Clotilde.
La candidata regionalista defendió una enmienda para reforzar las garantías jurídicas y advirtió al consejero de Salud, César Pascual, de que “las decisiones son suyas, pero las consecuencias las pueden acabar pagando los profesionales del Servicio Cántabro de Salud”.
El PSOE compartió esta preocupación y denunció que el PP se negara a garantizar que el tiempo trabajado en Santa Clotilde no obtuviera un reconocimiento diferente al previsto hasta ahora. Por su parte, el PP sostuvo que el convenio “no convierte a los trabajadores de Santa Clotilde en empleados públicos”, mientras Vox defendió la colaboración público-privada y rechazó lo que consideró una discriminación hacia los profesionales de la sanidad concertada.
Convenio del personal laboral| El PRC pide un acuerdo
El PRC llevó al Pleno el bloqueo de las negociaciones del noveno convenio colectivo de aproximadamente 2.000 trabajadores laborales del Gobierno de Cantabria. La diputada regionalista Rosa Díaz recordó que el convenio vigente acumula 16 años de antigüedad y pidió avanzar no solo en las retribuciones, sino también en conciliación, clasificación profesional y condiciones de trabajo. La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, defendió la propuesta económica de cinco millones de euros y aseguró que el Gobierno mantiene su disposición a negociar.
Economía| Caída de la producción industrial
El PSOE reprochó al Gobierno que Cantabria registrara en 2025 un crecimiento del PIB del 1,7%, frente al 2,6% nacional. El Ejecutivo defendió su gestión y atribuyó parte de las dificultades a factores externos.
Vox denunció la caída de la producción industrial, mientras Arasti sostuvo que el descenso del índice general responde principalmente a la reducción de la generación energética, especialmente de la cogeneración.
Absentismo laboral| El PRC rechaza trasladar la salud mental a las mutuas
El Parlamento rechazó, por 29 votos en contra y tres a favor, una moción de Vox para reducir el absentismo y la siniestralidad laboral en Cantabria. La formación reclamaba agilizar las bajas médicas, reforzar la inspección sanitaria, ampliar la intervención de las mutuas y establecer ayudas para autónomos y pequeñas empresas.
Por su parte, la diputada regionalista Ana Obregón reconoció las consecuencias económicas de las bajas prolongadas sobre el tejido empresarial, especialmente para los pequeños negocios, pero rechazó que las mutuas asumieran el seguimiento de determinadas patologías, entre ellas los problemas de salud mental, por el posible conflicto de intereses.
“Una mutua no debe hacer el seguimiento de la salud mental de un trabajador”, aseveró, al tiempo que defendió que “una persona que necesita recuperarse no puede ser sospechosa por el mero hecho de estar enferma”. El PP también votó en contra, defendiendo las medidas ya impulsadas por el Gobierno, mientras el PSOE rechazó lo que consideró una criminalización de los trabajadores enfermos.
Transporte escolar| Teresa Noceda reivindica la igualdad de oportunidades en el medio rural
El Parlamento rechazó, por 19 votos en contra y 15 a favor, una proposición del PSOE para extender progresivamente la gratuidad del transporte escolar a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional que deban desplazarse fuera de sus municipios.
La diputada regionalista Teresa Noceda abogó por que los jóvenes del medio rural tengan las mismas oportunidades educativas que quienes residen en las ciudades y recordó que el anterior Gobierno PRC-PSOE, con Marina Lombó al frente de Educación, puso en marcha un programa que dio acceso al transporte gratuito a más de 300 estudiantes de 38 municipios durante el curso 2021-2022.
“Los regionalistas llevamos en nuestro ADN la defensa del mundo rural”, afirmó Noceda, quien advirtió de que muchos estudiantes dependen de autobuses inexistentes, horarios incompatibles o los vehículos familiares para continuar su formación. También recordó que el Parlamento ya había aprobado una iniciativa regionalista para integrar mejor el transporte escolar con las líneas regulares.
El PSOE defendió que “el código postal de un estudiante no puede determinar sus oportunidades educativas”, mientras Vox condicionó su apoyo a extender la medida a la enseñanza concertada.
Inmigración| Rechazo a las propuestas de las repatriaciones de Vox
El Parlamento rechazó una proposición no de ley de Vox sobre la repatriación de inmigrantes en situación irregular, con tres votos favorables, 15 contrarios y 16 abstenciones.
La diputada de Vox Leticia Díaz defendió la iniciativa vinculando la inmigración con las dificultades de acceso a la vivienda y criticó las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez. La propuesta no consiguió el respaldo necesario para salir adelante, en un debate que puso de manifiesto las diferencias entre los grupos sobre inmigración, acceso a los recursos públicos y políticas sociales.
Dependencia| Polémica por la atención a domicilio los fines de semana
El servicio de ayuda a domicilio protagonizó varias preguntas parlamentarias de Vox y del PSOE a la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, sobre las condiciones laborales de las auxiliares y la reorganización de la atención a las personas dependientes.
El PSOE denunció que el nuevo pliego limita las tareas durante los sábados por la tarde, domingos y festivos, especialmente para nuevos usuarios con grados I y II de dependencia. La diputada socialista advirtió de que esta reorganización puede incrementar la carga de las familias cuidadoras y provocar situaciones de aislamiento.
Vox también denunció posibles impagos y retrasos en las compensaciones por desplazamientos de las trabajadoras del servicio. Gómez del Río rechazó que se hayan reducido los derechos de los usuarios. “No se ha reducido el horario general de funcionamiento del servicio de ayuda a domicilio”, aseguró.
