La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Rosa Díaz, interpelará el lunes al Gobierno de Cantabria para conocer los criterios que está siguiendo para reorientar las políticas de fomento del ocio inclusivo y dirigirlas a la integración social de las personas con discapacidad en los entornos comunitarios.

Con esta iniciativa, la parlamentaria regionalista quiere conocer la postura del Ejecutivo respecto a las reivindicaciones de las familias para que los niños y jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan participar en las actividades deportivas, culturales, campamentos y escuelas municipales que existen en su entorno.

"Las familias no están pidiendo actividades específicas, sino acceso real a la oferta ordinaria de ocio y tiempo libre, con los apoyos necesarios para que su participación sea viable y segura", ha explicado.

Antes de promover un acuerdo parlamentario con este objetivo, Rosa Díaz quiere conocer la postura del Gobierno, después de que el año pasado quedara desierta la convocatoria de una subvención de 50.000 euros destinada a entidades con ánimo de lucro para proyectos de ocio inclusivo.

Ante esta situación, el Ejecutivo optó por incluir un eje de ocio inclusivo en la orden de programas de interés social con cargo al 0,7% del IRPF, del que se beneficiaron varias entidades sin ánimo de lucro. Aunque considera "acertada" esta nueva línea de trabajo, Rosa Díaz cree necesario "ir más allá" y trabajar para que la oferta pública de ocio "deje de estar diseñada en exclusiva para un usuario 'estándar' y contemple las necesidades de las personas con discapacidad con discapacidad intelectual y del desarrollo".

En este sentido, ha recalcado que el principal problema no es la falta de actividades, sino la ausencia de "apoyos humanos suficientes, como monitores formados o figuras de acompañamiento", lo cual limita en la práctica la participación de niños y jóvenes discapacitados.

Asimismo, ha subrayado que la inclusión real no pasa por la creación de circuitos paralelos, sino que implica compartir los mismos espacios y actividades que el resto de la ciudadanía, con los ajustes necesarios para garantizar la seguridad, la autonomía y la participación efectiva.

La diputada regionalista confía en que el Gobierno demuestre "sensibilidad y receptividad" para avanzar hacia un modelo de ocio inclusivo que garantice "el derecho de todas las personas a participar en la vida social de su entorno en condiciones normalizadas".