El candidato del PRC a la Presidencia de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha suscrito esta tarde un compromiso con la presidenta regional de CERMI, Mar Arruri, para incorporar a su programa de gobierno de la próxima legislatura 13 medidas concretas encaminadas a mejorar la situación de las personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma.
Miguel Ángel Revilla ha expresado su confianza en tener “el deber y la obligación” de llevarlo a cabo a partir del 24 de mayo porque “responde a una constante” del PRC que tiene como “prioridad” el apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad. “Algo que llevamos a rajatabla”, ha dicho.
Asimismo, ha incidido que en Cantabria tiene alrededor de 40.000 personas con algún tipo de discapacidad, alrededor de la mita con alguna de tipo severo, que han sufrido estos años de crisis recortes “inadmisibles” que, en su opinión, “no deben producirse”.
Entre los objetivos de este compromiso, destaca la constitución de una comisión parlamentaria no permanente sobre discapacidad y el desarrollo de un plan para adaptar la legislación cántabra a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de una Ley de Garantía de Derechos.
El PRC también está dispuesto a fomentar la economía social, mediante una ley que contemple las medidas necesarias, y a diseñar y poner en marcha una estrategia autonómica para el empleo de discapacitados, en colaboración con CERMI Cantabria.
Un Plan Autonómico de Salid, con áreas específicas de salud mental y enfermedades crónicas, es otro de los objetivos asumidos por los regionalistas, que abogan además por un modelo específico de servicios sociales para la discapacidad “sostenible y centrado en la persona, con el objetivo de promover su autonomía personal, ejercicio de derechos y participación en la comunidad”.
También impulsarán si tienen responsabilidades de gobierno tras las elecciones del próximo día 24 planes para la inclusión educativa, el acceso a la justicia y al ejercicio de la capacidad jurídica y el fomento de la autonomía personal en los municipios, además de incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las normativas y políticas a desarrollar durante la próxima legislatura.
Finalmente, potenciarán los consejos locales y autonómico de acción social, con garantía de representación de la discapacidad en ellos y promoverán una ley de accesibilidad y un estudio sobre la discapacidad en la Comunidad Autónoma, así como un plan estadístico que contemple de forma transversal la discapacidad.
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