El secretario general del PRC y ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido hoy la legalidad de las gestiones realizadas por su Gobierno para propiciar la instalación en Orejo de la fábrica de fibroyeso de GFB y ha recordado que fue el PP quien trajo a la región al inversor que no ha cumplido sus compromisos.

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga la gestión del Ejecutivo PRC-PSOE en el proyecto, Revilla ha reconocido que las cosas "no han ido bien", pero ha recalcado que "nadie se ha llevado nada" y que el "afán" de su Gobierno fue, "en todo momento, salvar la empresa".

Ha recordado que el proyecto inicial fue anunciado en 2002 por el entonces presidente, el popular José Joaquín Martínez Sieso, para ser instalado en Reinosa, anuncio que él mismo conoció a través de los medios de comunicación, a pesar de que en ese momento era vicepresidente y socio del PP en el Gobierno.

Posteriormente y ya desde la Presidencia de Cantabria, a la que accedió en 2003, retomó las gestiones, que en ese momento estaban “en el olvido” y entró en contacto con los inversores costarricenses, quienes confirmaron su interés por el proyecto, siempre que no se ubicara en Reinosa, como pretendió inicialmente Martínez Sieso, y se le facilitara un emplazamiento cercano al puerto de Santander.

Revilla ha lamentado los "reiterados incumplimientos" del socio principal, el grupo Pujol Martí, al que se ha referido como un "mirlo blanco" que llegó a Cantabria de la mano del PP, "clandestinamente" y a “espaldas" del PRC.

Respecto a la gestión de la coalición PRC-PSOE, el líder regionalista se ha mostrado "seguro" de que todo lo hecho en este tiempo por la empresa pública Sodercan, como socio del proyecto, "está dentro de la legalidad" y cuenta con los informes oportunos.

El ex presidente ha respondido a todas las cuestiones formuladas por la diputada popular María Antonia Cortabitarte sobre el protocolo firmado en Costa Rica el 1 de marzo de 2004 para la implantación de la fábrica en Cantabria, pero no se ha pronunciado sobre las modificaciones posteriores de las cláusulas, las decisiones adoptadas por Sodercan para reducir el capital social de GFB y para comprar la maquinaria al socio mayoritario, y sobre la auditoría encargada por el Gobierno en 2006, al entender que esas respuestas deben darlas los responsables de SODERCAN y los consejeros de Industria que participaron en el proyecto.

En este sentido, ha recordado que un presidente no tiene por qué estar al tanto de todos los detalles técnicos de las actuaciones que desarrolla el Gobierno, dado que para eso cuenta con los consejeros y sus equipos.

Además, ha lamentado que no hayan sido los administradores concursales los primeros en comparecer ante la comisión, dado que en este momento son quienes cuentan con todos los datos para atestiguar la situación real de la empresa.

Revilla, que ha asegurado tener la conciencia "absolutamente tranquila", ha recordado que en la visita a Costa Rica para firmar el protocolo toda la delegación cántabra sacó una impresión "muy favorable" de la empresa, después de mantener contactos con el ministro de Economía de ese país y con diversos responsables bancarios.

Asimismo, ha indicado que sigue confiando en las posibilidades de salvar el proyecto y recuperar la inversión pública realizada en GFB, en lo que debe trabajar el nuevo Gobierno.