El portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, ha denunciado la existencia de un vertedero "incontrolado" en el Sector 4 de Peñacastillo y ha urgido al equipo de gobierno a proceder a la "limpieza inmediata" de la zona, que se ha convertido en un "foco de insalubridad y seguridad para los vecinos".

Piña ha recordado que esta situación "no es fruto de la casualidad", sino de una "omisión de funciones consciente" por parte del equipo de gobierno. El PRC de Santander lleva "meses" advirtiendo de la acumulación de basura en un vial sin asfaltar ubicado entre la calle Rosario Iglesias y las vías del tren, una denuncia que en su día fue recibida con "arrogancia" por parte de la concejala de Medio Ambiente.

Así, la edil llegó a tildar de "ridículo" al portavoz regionalista y "se lavó las manos" asegurando que el terreno pertenecía al municipio de Camargo. "Hoy esa soberbia se ha dado de bruces con la realidad y el vertedero ha crecido tanto por la inacción que ya invade suelo de Santander de forma indiscutible", ha sentenciado. Para el regionalista, lo que comenzó como una "excusa barata para no trabajar" se ha transformado en un "grave riesgo para la salud pública y la seguridad". En este sentido, ha lamentado que el equipo de Gobierno "dedique más tiempo a intentar desprestigiar a la oposición que a vigilar nuestros barrios".

Además, ha señalado como un hecho "aún más grave" el "desprecio sistemático" a los vecinos y sus quejas, ya que estos han avisado en varias ocasiones de lo que está ocurriendo "sin recibir ninguna solución por parte del Ayuntamiento".

Felipe Piña ha lamentado que el equipo de gobierno "mire hacia otro lado" ante esta situación y le ha pedido que "actúe ya". "Los vecinos de Peñacastillo pagan sus impuestos y merecen un entorno limpio y seguro, no un depósito de basura a la puerta de sus casas", ha criticado.

Por estos motivos, desde el PRC han pedido que se "ataje de raíz" el problema con medidas concretas que van "más allá de una limpieza puntual". Entre ellas, ha destacado el incremento de la vigilancia policial de la zona y control para identificar y sancionar a los infractores, la instalación de vallado o algún tipo de obstáculo que impida la entrada de camiones y furgonetas y un plan de actuación y regeneración urbana que evite el espacio vuelva a ser utilizado como vertedero clandestino.