Paula Fernández Viaña pide al Gobierno que deje de anunciar fechas y garantice el personal para la Unidad de Protonterapia de Valdecilla

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha exigido esta tarde al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que garantice el personal necesario para poner en marcha la Unidad de Protonterapia de Valdecilla y ha advertido de que la precariedad laboral y la incertidumbre sobre el futuro de los profesionales pueden poner en riesgo un proyecto "estratégico" para la sanidad pública.

Durante el Pleno de este lunes, ha reclamado al consejero de Salud, César Pascual, que aclare si ha iniciado los trámites para incorporar a los seis profesionales que estarán al frente de la unidad, cómo se organizará su formación y qué garantías existen para asegurar su continuidad en Valdecilla. "Hay cuestiones que se tienen que poner en marcha ya", ha advertido.

Fernández Viaña ha recordado que los primeros tratamientos, previstos inicialmente para 2025, se han retrasado hasta finales de 2027 y aunque Pascual anunció en abril que la instalación estaría terminada a comienzos del próximo año, todavía serán necesarios aproximadamente nueve meses de pruebas y autorizaciones. Además, ha pedido que confirme si se ha cumplido el plazo del pasado 14 de octubre, fijado por la dirección de Valdecilla para disponer del búnker y recibir el equipo de protonterapia.

Profesionales con contratos precarios y un futuro incierto

La candidata regionalista ha alertado de que algunos profesionales del hospital trabajan a día de hoy con contratos de apenas unos meses y sin saber si podrán continuar en él. "Se está poniendo en entredicho un proyecto de grandísima envergadura", ha señalado, tras insistir en que la puesta en marcha de esta iniciativa "no depende solo de la maquinaria y el búnker", sino también de contar con especialistas "cualificados".

Por ello, ha exigido a Pascual que explique de dónde procederán los seis profesionales anunciados, si se garantizará la continuidad de quienes ya trabajan en el centro y si se ha iniciado la tramitación de la relación de puestos de trabajo. También ha reclamado información sobre la memoria económica, el plan de formación para 2026 y 2027 y las estancias en centros de referencia, así como un calendario concreto para completar las actuaciones pendientes.

Además, Fernández Viaña ha recordado que el consejero justificó recientemente el retraso de las obras del helipuerto de Valdecilla porque la protonterapia era la prioridad del Gobierno. Por ello, ha solicitado que esa prioridad se refleje también en las plantillas, la formación y los plazos. "No puede ser que esos profesionales estén pendientes de un hilo, porque son los mejores y se tienen que quedar para poner en marcha el proyecto", ha destacado.

Santa Clotilde: los profesionales, en riesgo

Por otro lado, la regionalista ha exigido al consejero de Salud que rinda cuentas por el convenio singular con el Hospital Santa Clotilde y aclare sus posibles consecuencias sobre los profesionales del Servicio Cántabro de Salud. Durante el debate de una moción del PSOE, rechazada con 15 votos a favor y 18 en contra, ha reprochado a Pascual que haya descartado que haya efectos laborales sin haber aportado antes un análisis jurídico que respalde sus afirmaciones. "Una cosa es que el convenio no modifique directamente los baremos y otra muy distinta que su aplicación no pueda tener consecuencias sobre la valoración de los servicios prestados", ha advertido.

La candidata regionalista ha recordado que cuatro fisioterapeutas procedentes de una mutua trabajan actualmente en el SCS con baremaciones idénticas a las de profesionales del sistema público, pese a que Pascual rechazó en junio establecer criterios diferenciados. También ha revelado que el Hospital de Laredo ha destinado durante tres meses a un auxiliar administrativo exclusivamente a gestionar derivaciones a Santa Clotilde. "Las decisiones son suyas, pero las consecuencias las pueden acabar pagando los profesionales", ha advertido al consejero.

Por último, ha reclamado la convocatoria urgente de una sesión parlamentaria para examinar el convenio, al amparo de la modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria impulsada por el PRC. Fernández Viaña ha insistido en que el Gobierno debe ofrecer garantías jurídicas sobre sus efectos laborales y ha recordado que "el control parlamentario no es una formalidad que se incorpora a una ley para después olvidarla", sino "una obligación política de rendir cuentas".