Los alcaldes del PRC pedirán "más implicación" a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) para afrontar los problemas de financiación, incremento del gasto y traspaso de competencias impropias por parte del Gobierno autonómico, con varias propuestas que someterán a la consideración de la Asamblea General de esta entidad, convocada para el próximo 18 de octubre.

Los regidores regionalistas celebraron una reunión ayer en Santander para preparar su participación en la asamblea, en la que defenderán la "urgente e imprescindible necesidad" de que el Gobierno de Cantabria "asuma de una vez sus obligaciones como Diputación Provincial y deje de derivarlas a los ayuntamientos".

Así lo ha dado a conocer el alcalde de Campoo de Yuso y portavoz del PRC en la FMC, Eduardo Ortiz, quien ha destacado la obligación del Ejecutivo de prestar "asistencia técnica, jurídica y económica" a los municipios para hacer frente a competencias como el mantenimiento y limpieza de los colegios y los consultorios rurales, las aulas de 1 año y los servicios de asistencia domiciliaria y teleasistencia, entre otros.

Ortiz ha asegurado que los fondos destinados a estos servicios "llevan años sin actualizarse", con el consiguiente "problema financiero" para los Ayuntamientos, que no sólo sufren dificultades para afrontar esos gastos, sino que también tienen que encarar competencias crecientes derivadas de la entrada en vigor de nueva legislación, como la que les obliga a controlar las colonias de gatos en aplicación de la Ley de Bienestar Animal, o las tareas de control e inspección previstas en el proyecto de Ley de Control Ambiental.

"No sólo carecemos de una financiación adecuada, sino que tampoco contamos con el personal necesario para asumir esas funciones", ha recalcado el regidor regionalista, para quien "ha llegado el momento de que la Federación de Municipios diga basta e impulse un cambio de actitud en el Gobierno de Cantabria para que preste a los ayuntamientos la asistencia económica, técnica y jurídica que necesitan en todos los ámbitos, y muy especialmente a los más pequeños".

Precisamente con ese objetivo, una de las propuestas que el PRC someterá a la consideración de la Asamblea de la FMC será un incremento adicional del 10% en los recursos del Fondo de Cooperación Municipal destinados a los ayuntamientos en riesgo de despoblamiento y la inclusión en los presupuestos autonómicos de un fondo adicional, dotado con al menos 6 millones de euros, para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos en manos municipales.

Además, planteará un acuerdo para clarificar las competencias que corresponden a cada administración, en aras a evitar que los municipios tengan que seguir sosteniendo con sus recursos aquellos servicios que debe prestar el Gobierno autonómico, como los consultorios médicos o el mantenimiento y suministros de los centros educativos.

Los regionalistas quieren debatir también el aumento de los gastos administrativos derivado de la obligación de prestar el servicio de ventanilla única en los registros municipales y la actualización de las aportaciones destinadas a financiar los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, además de la ampliación del horario de funcionamiento de los puntos limpios a los sábados por la tarde y domingos por la mañana, con el fin de facilitar el acceso de los usuarios.

De igual modo, piden la colaboración del Gobierno en el cumplimiento de las exigencias que la Ley de Bienestar Animal impone a los ayuntamientos y solicitan la modificación del anteproyecto de Ley de Control Ambiental, para el Ejecutivo siga desarrollando las funciones de control e inspección, dado que los ayuntamientos "no están en condiciones de asumirlas".

Asimismo, y ante las nuevas exigencias de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, demandan recursos económicos para amortiguar el incremento del gasto y quieren que la Asamblea de la Federación de Municipios inste al Gobierno de España a aumentar las aportaciones a los ayuntamientos, con un incremento que al menos iguale el IPC, y fijar las cuantías máximas de los contratos menores en 48.000 euros en el caso de obras y 18.000 para los servicios, en ambos casos más el IVA correspondiente.