El Partido Regionalista de Cantabria ha presentado alegaciones al estudio informativo del tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, en el trámite de información pública que concluye mañana, en las que defiende la necesidad "imprescindible y urgente" de esta infraestructura para la viabilidad económica y social de Cantabria, exige la ejecución íntegra del proyecto entre las dos capitales y reclama la apertura de un proceso de diálogo con los ayuntamientos para minimizar el impacto de la obra sobre el territorio.

Así lo ha dado a conocer el vicesecretario de Organización, Jesús Ochoa, quien ha reivindicado esta obra para evitar que la Comunidad Autónoma quede aislada de los grandes flujos sociales y económicos hacia el interior del país, el valle del Ebro, el Mediterráneo y Europa, por carecer de conexiones ferroviarias de altas prestaciones comparables a las de las comunidades limítrofes.

En este sentido, ha criticado el "catastrofismo" de las previsiones económicas incluidas en el estudio de demanda del documento ministerial, que dibujan un escenario de fuerte deterioro económico de Cantabria a finales de siglo, una previsión que considera "capciosa y dirigida a deslegitimar el proyecto". De no ser así, "no se entiende cómo el Estado español no reacciona de forma inmediata y aplica políticas activas de cohesión territorial de forma urgente".

A su juicio, es precisamente la ausencia de una conexión ferroviaria competitiva la que aboca a la región a "una progresiva pérdida de población y actividad económica que los cántabros no están dispuestos a consentir y que los gobiernos de España y de Cantabria no deben permitir".

Ochoa ha subrayado que los datos de movilidad por carretera refuerzan la necesidad de la conexión ferroviaria con Bilbao, dado que el principal flujo de desplazamientos se produce hacia el este, con una intensidad media diaria (56.000 vehículos) muy superior a la registrada con la Meseta (13.000) o con Asturias (11.000).

En cuanto a la tramitación del proyecto, ha lamentado la falta de seguimiento y de coordinación institucional desde la publicación del estudio informativo, así como el anuncio previo de que no se ejecutará la totalidad del trazado, sino únicamente el tramo Bilbao-Castro Urdiales.

Respecto a las alternativas analizadas en el estudio, el PRC ha puesto el foco en el elevado impacto social de las opciones A1 y C1, que afectan a un número significativo de edificios y suponen un gran volumen de expropiaciones, con derribos que alcanzan a empresas, centros educativos e incluso iglesias, especialmente en zonas urbanas y periurbanas. Todo ello, sin que haya existido un diálogo previo con las administraciones locales afectadas.

Por ello, plantea la apertura de un proceso de diálogo con las administraciones municipales y los colectivos vecinales y que sean atendidas las alegaciones de los ayuntamientos para minimizar las afecciones sociales y económicas del trazado y lograr "una aceptación social mayoritaria".

El Partido Regionalista defiende asimismo la unidad del estudio informativo de la totalidad del trazado entre Bilbao y Santander, sin dividirlo en tramos, y pide que se conserven los tiempos de viaje y las características técnicas previstas, con un trazado que incluya paradas en Colindres-Laredo y Castro Urdiales, y que la plataforma permita también servicios de corta y media distancia, combinando trenes directos con otros que realicen paradas intermedias para mejorar la movilidad de todo el corredor.