La diputada y portavoz del PRC en materia de Inclusión Social, Ana Obregón, defenderá una proposición no de ley en el Parlamento para mejorar las condiciones laborales del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y reforzar el sistema de atención a la dependencia, ante las carencias estructurales detectadas en el sector.

La iniciativa regionalista responde a las deficiencias constatadas en los últimos informes del Observatorio Estatal de la Dependencia, como consecuencia de una financiación insuficiente y de un modelo "sostenido, en demasiadas ocasiones, sobre condiciones laborales precarias".

Ana Obregón ha hecho especial hincapié en el último informe, que advierte de demoras en la tramitación de los expedientes, pérdida de plazas y un aumento del número de personas en listas de espera.

Esta situación "impacta directamente en las condiciones laborales del personal del sector", con una repercusión "muy preocupante" en el servicio de ayuda a domicilio, cuya plantilla está integrada en su práctica totalidad por mujeres.

En este sentido, la diputada regionalista ha explicado que las trabajadoras del SAD sufren una situación laboral marcada por la pérdida de poder adquisitivo, con compensaciones por desplazamientos desactualizadas y la ausencia de derechos básicos, como horas médicas retribuidas.

"Su situación está condicionada por licitaciones públicas que priorizan el precio frente a la calidad y que conllevan insuficiencias en las plantillas, sobrecarga de trabajo y una precarización tal que repercute en la calidad y la dignidad de la atención a las personas dependientes", ha agregado.

Asimismo, ha denunciado la elevada siniestralidad y la falta de sustituciones que sufre el sector, cuyas trabajadoras están impulsando movilizaciones a nivel estatal para exigir mejoras laborales y reconocimiento profesional.

El PRC considera que Cantabria "no puede permanecer ajena a esta realidad" y debe avanzar hacia un modelo que garantice los derechos laborales, la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema, con medidas como la elaboración de un convenio, en el marco del diálogo social, para impulsar las mejoras necesarias.

Entre ellas, además de la actualización de las retribuciones y la protección del poder adquisitivo, reclama cláusulas de revisión salarial ligadas al coste real de la vida, la actualización de las compensaciones por desplazamiento, el reconocimiento de las horas médicas para asistencia a consultas y pruebas y un plan de mejora que garantice la estabilidad en el empleo, la seguridad laboral y ratios adecuadas de personal.

Asimismo, reclama un incremento progresivo de la financiación autonómica del sistema de dependencia, la aprobación en tres meses de un plan de mejora, pliegos de contratación con cláusulas sociales y laborales, que eviten bajas temerarias y valoren las condiciones de empleo, y aboga por promover la extensión de estos criterios a las licitaciones municipales, junto con la Federación de Municipios de Cantabria.

La propuesta regionalista quiere impulsar también una declaración institucional de reconocimiento al personal del sector de la dependencia, y especialmente del SAD, además de campañas de sensibilización que visibilicen el valor social y profesional del trabajo de cuidados.