El Partido Regionalista de Cantabria ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Docente de Cantabria y ha propuesto un texto alternativo para impulsar la "convivencia escolar y la protección de la función docente en Cantabria, a través de la mejora de las condiciones del profesorado y la reducción de la burocracia para los docentes con la participación de las familias y del resto del personal no docente de los centros.
Así lo han anunciado este miércoles la diputada y candidata regionalista a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, y el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, en una rueda de prensa en la que han explicado que el proyecto del Gobierno regional, "aún partiendo de objetivos compartidos", adolece de "importantes deficiencias" de concepción, sistemática, técnica normativa y oportunidad política que precisan de un modelo legislativo "más sólido, coherente y eficaz".
Fernández Viaña ha señalado que esta nueva ley se presenta como una "alternativa de futuro" que nace de la "escucha frente al silencio del Gobierno", que ha pretendido "imponer sin dar voz" a sindicatos, alumnos o expertos durante las comisiones parlamentarias. En su opinión, el proyecto de Ley de los 'populares' es una "oportunidad pérdida" y una normativa que "mira al pasado", asegura la convivencia escolar con el aumento de las sanciones y se limita a ser "un protocolo administrativo más, lleno de burocracia y vacío de soluciones reales".
De esta manera, ha subrayado que la enmienda registrada por los regionalistas ofrece un estatuto que "por fin" otorga al profesorado de Cantabria "las garantías jurídicas y el bienestar emocional" que merece y, sobre todo, "va dirigida al alumnado". "La convivencia no se impone con una ley, se construye con un respeto mutuo, una educación emocional y un respaldo real a los profesionales frente a los nuevos retos como el ciberacoso o la violencia digital", ha finalizado la candidata del PRC.
Por su parte, Pedro Hernando ha detallado las principales novedades del texto de los regionalistas, que está compuesto por 27 artículos y 10 disposiciones generales, cuyo principal cambio es su propia denominación, que pasa a ser de "convivencia escolar y protección de la función docente". El PRC propone una regulación ordenada que distingue con claridad los principios generales, la comunidad educativa, el estatuto de la función docente, la corresponsabilidad y las medidas preventivas. Bajo este marco, la norma refuerza el concepto de convivencia como una responsabilidad compartida de toda la comunidad —incluyendo por primera vez al personal de administración y a las familias— y eleva la mediación, el alumnado ayudante y las prácticas restaurativas a instrumentos clave de prevención, garantizando siempre el respeto absoluto a la autoridad del profesorado.
Respecto a la condición de autoridad pública del docente, el texto alternativo la fortifica e integra plenamente en el reparto competencial del Estado, mejorando la coherencia sistemática de la norma para evitar conflictos jurídicos. Asimismo, introduce una delimitación expresa para aplicar las medidas de protección jurídica, asistencia psicológica y apoyo institucional según la titularidad del centro, clarificando las responsabilidades de la Administración en la red pública y de las entidades titulares en los centros privados sostenidos con fondos públicos, lo que disipa cualquier duda interpretativa en su ejecución diaria.
En su intervención, Hernando ha criticado con dureza que el proyecto del Gobierno se vuelque casi exclusivamente en tipificar conductas y medidas correctoras, relegando la educación emocional, la mediación y la autonomía de los centros. Frente a esta visión punitiva, el modelo del PRC se apoya en la experiencia acumulada para demostrar que la prevención y la intervención temprana son más eficaces, por lo que suprime los catálogos cerrados de sanciones de la ley e impone obligaciones concretas a la Administración a través de un escudo de garantías reales contra el ciberacoso, la violencia digital, y con protocolos de respuesta inmediata.
Finalmente, la propuesta regionalista aborda la reducción de cargas burocráticas para permitir que los profesores se dediquen a sus funciones estrictamente educativas, un problema clave omitido por el Ejecutivo. Para comprobar el correcto funcionamiento de todas estas medidas y asegurar su mejora continua, el documento establece un novedoso proceso de seguimiento y evaluación de dos años. En definitiva, el texto del PRC mantiene el régimen disciplinario, pero lo integra en un modelo más "moderno, equilibrado y garantista" donde la autoridad docente se fortalece desde la protección institucional y no únicamente mediante el castigo.
