El PRC rechaza la Ley de Autoridad Docente de PP y Vox porque no garantiza la prevención del acoso ni la protección del profesorado
Teresa Noceda defiende las 34 enmiendas regionalistas para reforzar la convivencia escolar y acusa a ambos partidos de dejar en manos de futuros decretos las obligaciones del Gobierno
El Grupo Parlamentario Regionalista votará en contra de la Ley de Autoridad Docente impulsada por el Partido Popular y Vox porque "no ofrece garantías suficientes para prevenir los conflictos escolares, proteger a las víctimas de acoso y asegurar el respaldo que el profesorado necesita de la Administración".
Así lo ha adelantado la diputada y portavoz de Educación del PRC, Teresa Noceda, quien ha augurado que esta ley "no resolverá los problemas de convivencia" y ha cuestionado que el Gobierno de Cantabria pretenda reforzar la autoridad de los docentes sin establecer obligaciones concretas de prevención, asistencia y seguimiento de los conflictos.
"Una ley destinada a mejorar la convivencia escolar no puede conformarse con reconocer la autoridad del profesorado y ordenar las consecuencias de los conflictos sin establecer cómo prevenirlos, cómo acompañar a quienes los padecen y cuáles son las responsabilidades concretas que debe asumir la Administración", ha explicado.
Las 34 enmiendas parciales presentadas por el PRC después de que PP y Vox rechazaran su enmienda a la totalidad con texto alternativo pretendían evitar esas carencias, con una regulación integral de la convivencia escolar, la protección del profesorado y la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa. Sin embargo, ha lamentado Noceda, "nos hemos topado con el rodillo de la derecha".
Entre las medidas planteadas por los regionalistas figuran sendos planes de Convivencia Escolar y Apoyo y Protección del Ejercicio de la Función Docente, asistencia jurídica y psicológica al profesorado, protocolos comunes de actuación ante las agresiones y situaciones de acoso, formación permanente y mecanismos de evaluación.
También apuestan por reforzar la detección temprana del acoso y el ciberacoso, la protección inmediata de las víctimas, la participación de las familias y el seguimiento de los casos para evitar que vuelvan a producirse.
Noceda ha criticado que el PP haya optado por relegar a un desarrollo reglamentario posterior medidas que, a su juicio, deberían estar garantizadas en la ley. "El reglamento debe desarrollar las obligaciones legales, no puede sustituirlas ni dejar su cumplimiento a la voluntad del Gobierno", ha precisado.
Asimismo, ha cuestionado el acuerdo de PP y Vox sobre las medidas disciplinarias, la mediación y las conductas digitales, porque "no resuelve las principales carencias de la ley". "Ampliar de cuatro a cinco días determinadas medidas provisionales o tipificar nuevas conductas relacionadas con el uso de las tecnologías no garantiza por sí solo una mejora de la convivencia, al igual que sancionar tampoco asegura por sí solo que el daño no vuelva a producirse", ha asegurado.
La diputada ha insistido en que la autoridad del profesorado "debe estar respaldada con recursos, prevención y respaldo institucional, sin descargar exclusivamente sobre los docentes la responsabilidad de resolver los problemas de convivencia escolar".
"Dejar solos a los docentes ante los problemas no es reconocer su autoridad", ha subrayado la regionalista, quien también ha recalcado que la convivencia escolar "tampoco se garantiza únicamente con sanciones", por lo que ha lamentado la negativa de PP y Vox a incorporar las garantías propuestas por el PRC.