La diputada y portavoz del PRC en materia económica, Paula Fernández, defenderá una moción el próximo lunes en el Parlamento para urgir al Gobierno a "actuar" frente al "retroceso que sufre Cantabria", con medidas que estimulen la contratación pública y garanticen la ejecución de al menos el 80 por ciento de las inversiones recogidas en el Presupuesto de 2025.

La diputada regionalista plantea además instar al Ejecutivo para que cumpla los tiempos medios de pago a proveedores, impulse los proyectos industriales para revertir la caída de las cifras de producción industrial y reoriente el Plan de Autónomos para que "cumpla los objetivos y fortalezca esta forma de emprendimiento y empleo, a partir de más acciones formativas y nuevas ayudas sectoriales".

Con estas medidas, el PRC quiere hacer frente a "la preocupante sucesión de malos datos que evidencia el retroceso que está sufriendo la economía cántabra" y que tienen su máximo exponente en el crecimiento del desempleo que evidencian tanto la Encuesta de Población Activa (EPA) como el paro registrado en el mes de enero. Ambos indicadores constatan "un alarmante retroceso", con un crecimiento del desempleo del 14,69 por ciento y 3.000 parados más en 2024 y la cuarta mayor subida de España en enero, cifrada en el 2,76 por ciento frente a una media nacional del 1,51.

"Los datos hablan por sí solos", ha destacado Paula Fernández, quien ha rechazado que el Gobierno de Cantabria "intente negarlos en lugar de afrontarlos", tal como hizo el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en su intervención del pasado lunes en el Parlamento en respuesta a la interpelación que ella misma le planteó.

Frente a esa "actitud negacionista", que considera "una excusa inútil para minimizar la realidad que los cántabros viven cada día", la diputada regionalista pide al Ejecutivo que "ejecute con rigor" el presupuesto apoyado por el PRC para 2025 "y no repita lo ocurrido el año pasado, cuando dejó sin gastar más de 30 millones previstos para obras en centros educativos, sanitarios y actuaciones en materia de vivienda e infraestructuras".

"Pedimos medidas concretas y realistas, que además están en su mano", ha recalcado la diputada, quien también ha abogado por reorientar el Plan de Autónomos presentado el año pasado "a bombo y platillo" por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, dado que hasta la fecha "ha sido completamente ineficaz", ya que Cantabria cerró 2024 con menos autónomos que en 2023.

Asimismo, ha cuestionado el "desplome" que sufrió el año pasado el índice de producción industrial, con un retroceso de casi el 4 por ciento, el segundo mayor de España y el peor registro desde 2012, "con la única excepción de los años de la pandemia", y el aumento del periodo medio de pago a proveedores por parte de la Administración, que se situó en diciembre en 32 días, siete más que un año antes y 16 más que en junio de 2023, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno de Cantabria.

También ha alertado del "preocupante crecimiento" que está experimentando la tasa Arope, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, que ha subido dos décimas en Cantabria, hasta el 22,2 por ciento, con un aumento "muy significativo" en el número de cántabros que se encuentran en riesgo, de quienes carecen de capacidad para afrontar gastos imprevistos y de los que se ven obligados a retrasos en los pagos de vivienda.

Ante esta situación, la diputada regionalista espera que el PP "no se empecine" y admita que Cantabria "necesita una política económica más eficiente para impulsar el crecimiento y no perpetuar el retroceso que muestran todos los indicadores".