La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández Viaña, ha reivindicado la propuesta alternativa que su grupo presentará el próximo lunes en el Pleno del Parlamento para rechazar la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia Docente remitida a la Cámara por el Gobierno de Cantabria, la cual apuesta por una regulación de la convivencia escolar "construida desde la realidad de las aulas" y con la participación "directa" de profesores y familias.

Acompañada por la diputada María Teresa Noceda Llano, que será la encargada de defender la proposición de ley en la Cámara, Fernández Viaña ha presentado la iniciativa en una reunión de trabajo con representantes de la comunidad educativa, entre ellos miembros de la Plataforma por la Enseñanza Pública de Cantabria, integrada, entre otros, por los sindicatos CCOO, UGT, Stec Cantabria y Anpe.

La presidenta del AMPA del CEIP Pedro del Hoyo, María Jesús Beitia, ha valorado "con optimismo" tanto el encuentro como las medidas planteadas por los regionalistas, que, a su juicio, "tocan todos los puntos clave" que debe abordar una regulación de estas características. "Nos parecen fantásticas", ha confesado.

Beitia ha destacado también las "muy buenas sensaciones" que le ha dejado la reunión y, especialmente, la disposición de Fernández Viaña a escuchar a los colectivos implicados. "Escucha a los docentes por la parte que les toca, a las familias y también a los estudiantes", ha valorado, frente al actual Gobierno, al que ha reprochado que tome decisiones "de una manera unilateral".

El PRC presentó el pasado 9 de septiembre la enmienda a la totalidad acompañada de un texto alternativo, denominado Ley de Convivencia Escolar y Protección de la Función Docente, que consta de 27 artículos y 10 disposiciones generales. Según Fernández Viaña, la propuesta pretende "ampliar el enfoque planteado por el Gobierno" para no actuar únicamente cuando se produce una conducta contraria a la convivencia, sino incorporar herramientas para anticiparse a los problemas y facilitar su resolución.

La iniciativa mantiene la condición del profesorado como autoridad pública y contempla respaldo jurídico, psicológico e institucional para los docentes, además de medidas de mediación, educación emocional, intervención temprana y prácticas restaurativas. Fernández Viaña ha apostado así por avanzar desde "un modelo basado fundamentalmente en la sanción" hacia otro que conceda mayor importancia a "la prevención" y "la reparación" del daño.

En este sentido, ha explicado que la respuesta no puede finalizar con una sanción, sino que debe existir un seguimiento posterior adaptado a cada caso. "Al final son niños y se necesita un protocolo que realmente sepa tratar esa situación", ha señalado.

Para conseguirlo, la propuesta contempla a las familias y al personal de administración y servicios como parte activa del modelo de convivencia, ya que, para Fernández Viaña, "un problema que afecta a un alumno no empieza y termina necesariamente dentro del aula".

Una respuesta al acoso en el entorno digital

Fernández Viaña ha advertido de que los conflictos escolares pueden intensificarse en el entorno digital y regresar al aula al día siguiente con una dimensión "aún mayor". "El ciberacoso, el acoso y las redes sociales siguen funcionando una vez que el alumno se va del colegio y se va a su casa", ha señalado, por lo que ha reclamado que la ley ofrezca herramientas para prevenir, detectar y abordar estas situaciones.

También ha incidido en que cualquier procedimiento debe garantizar la protección y los derechos de todas las partes implicadas, de modo que las familias conozcan "con claridad" cómo se actúa ante un posible caso de acoso, qué mecanismos protegen a la víctima y qué garantías existen cuando se atribuye a un alumno la responsabilidad de una conducta.

Otra de las novedades del texto alternativo es la reducción de las cargas burocráticas que soporta el profesorado y la evaluación de la aplicación de la norma una vez transcurridos dos años. Según Fernández Viaña, este seguimiento "es imprescindible para comprobar si las medidas adoptadas se traducen en una mejora de la convivencia en los centros".

"Más diálogo y menos descalificaciones"

Fernández Viaña ha trasladado también que el consejero de Educación, Sergio Silva, "se ha equivocado" al calificar de "error" las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto del Ejecutivo y vincularlas al "electoralismo", una reacción que la candidata regionalista ha considerado "impropia" ante una iniciativa que pretende abrir el debate y dar voz al conjunto de la comunidad educativa.

Fernández Viaña ha lamentado que el Gobierno haya tramitado su proyecto "a puerta cerrada" y "sin transparencia" y ha mostrado su pesar porque, a su juicio, tampoco durante las comparecencias parlamentarias se haya escuchado a todos los colectivos que deberían participar en la elaboración de la norma. Por ello, ha reclamado al consejero "más diálogo y menos descalificaciones" durante la tramitación de la ley.