El PRC presenta 36 enmiendas a la Ley de Acompañamiento y reafirma su rechazo al incremento de la presión fiscal que introduce el PP
Alodia Blanco asegura que las reformas legales del Gobierno suponen "un paso atrás" en los derechos ciudadanos y conforman una Administración "prepotente"
El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado 36 enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas con el objetivo de “atenuar” el incremento de la presión fiscal y “frenar el paso atrás” en los derechos ciudadanos que supone el proyecto elaborado por el Gobierno de Cantabria, con medidas que contribuyen a crear en la región una Administración “prepotente”.
Según ha explicado la diputada Alodia Blanco, las aportaciones regionalistas rechazan, en materia fiscal, la creación de nuevas tasas y la modificación de las existentes, por carecer de la preceptiva memoria económico financiera, e introducen criterios de progresividad en el Impuesto del Patrimonio, que el PP ha recuperado a pesar de su promesa electoral de suprimirlo. Ante esta situación, el PRC propone la ampliación del mínimo exento para todas las personas con minusvalía física, psíquica o sensorial superior al 33 por ciento.
También aboga por medidas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la primera vivienda, como la extensión del tipo reducido del 0,3 por ciento en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados a todos los menores de 36 años (actualmente este límite está en los 30 años), y reclama la eliminación del proyecto de ley de reformas tributarias “caprichosas, injustificadas y en ocasiones a la carta”.
Por lo que respecta a los cambios que el Gobierno quiere introducir en un total de 20 leyes, Blanco ha destacado la necesidad de consolidar los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, evitando la ampliación de plazos en procedimientos sancionadores, o el recurso abusivo a la figura del silencio administrativo negativo, por entender que “penaliza injustamente” a los cántabros y supone “un retroceso respecto a los avances conseguidos hasta ahora para situar a la ciudadanía en un plano de igualdad ante una Administración moderna, responsable y eficaz”.
Asimismo, ha rechazado que se lleven a cabo reformas legales de calado “sin el suficiente debate y reflexión”, como la planteada a la Ley de Control Ambiental Integrado para exonerar a determinadas empresas de la obligación de obtener un acta de conformidad para el ejercicio de su actividad.
El PRC también se opone a la supresión de la obligación de una ley del Parlamento de Cantabria para aprobar la ampliación del capital social de las empresas públicas
cuando su cuantía sea superior a 30 millones y propone clarificar que las deudas contraídas por el Instituto de Finanzas gozan de toda la garantía de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con el fin de aportar confianza a los mercados financieros.
Evitar la desaparición de la Agencia Cántabra de Consumo; fomentar la participación de los ayuntamientos en las nuevas funciones atribuidas al Instituto de Finanzas, para que puedan beneficiarse de los avales que prestará; clarificar y simplificar la redacción de las leyes para su adecuada comprensión por la ciudadanía y evitar el abuso que supone llevar a cabo cambios legales sin la necesaria consulta a los agentes sociales cuando no existen razones de urgencia que lo justifiquen completan los objetivos de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Regionalista.