La diputada y portavoz del PRC en materia de Políticas Sociales, Rosa Díaz, defenderá una moción en el Pleno del Parlamento del próximo lunes para proponer al Gobierno de Cantabria la contratación inmediata de médicos cualificados para reforzar los equipos de valoración del grado de discapacidad "en condiciones de seguridad jurídica, rigor técnico y garantía para los usuarios", con el fin de atajar el incremento de la lista de espera, que alcanza ya los 20 meses, con más de 9.400 personas pendientes de la evaluación.

Díaz ha planteado además la modificación del complemento específico que perciben dichos médicos para equipararlo al de los inspectores del Servicio Cántabro de Salud, con el fin de "hacer más atractiva su incorporación, incentivar su permanencia y evitar que plazas clave queden vacantes por falta de condiciones adecuadas".

"Son medidas que tienen encaje presupuestario y responden a una necesidad urgente de un colectivo que lleva demasiado tiempo esperando soluciones". Así lo ha asegurado la parlamentaria este miércoles en una rueda de prensa en la que ha puesto en duda el "supuesto" plan de choque puesto en marcha por la Consejería de Inclusión Social, porque, a su juicio, "en lugar de atajar el problema, lo ha trasladado de sitio".

En este sentido, ha cuestionado la contratación de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales como nuevos valoradores, "relegando el papel de los profesionales médicos". Aunque ha recalcado que estos profesionales le merecen "todo el respeto y el reconocimiento", ha lamentado el uso de esas contrataciones "como sustituto de la figura médica en un proceso que, por su complejidad, requiere una base clínica sólida" y que debe estar liderada por "profesionales médicos formados en valoración y diagnóstico clínico".

Asimismo y ante el crecimiento de la lista de espera para realizar la valoración, que en el último año ha pasado de 12 a 20 meses, ha advertido de las "alarmantes" consecuencias que tiene esa demora, ya que implica que hay "miles de personas a las que se les impide acceder a sus derechos, que ven paralizadas ayudas económicas, servicios sociales, prestaciones laborales o educativas, e incluso el acceso a una vivienda adaptada o a bonificaciones fiscales", lo cual representa "una vulneración clara y flagrante de derechos fundamentales de los cántabros". 

"No estamos hablando de trámites administrativos sin consecuencias, sino de derechos que marcan la diferencia entre poder vivir con autonomía o no, recibir una prestación o quedar excluido, acceder a un recurso educativo adaptado o tener que conformarse con lo que haya", ha precisado.

La diputada regionalista ha explicado que este problema "aumenta día tras día" y no sólo afecta a los nuevos solicitantes, sino también a muchas personas que se encuentran a la espera de revisiones, actualizaciones de grado o "informes imprescindibles para renovar ayudas". "Todo el sistema se ha visto desbordado y, en lugar de reforzarlo adecuadamente, se ha optado por soluciones que generan aún más incertidumbre", ha recalcado.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno de Cantabria que actúe "con responsabilidad", "ponga soluciones encima de la mesa" o, "si no las tiene", asuma las planteadas por el PRC. También ha realizado un llamamiento al resto de los grupos parlamentarios para que respalden la moción que hoy ha dado a conocer y que "no es del PRC para el PRC", sino para "miles de ciudadanos que necesitan ya una respuesta; para sus familias, cuidadores y los trabajadores sociales que ven cómo se acumulan los expedientes sin resolver; los centros educativos, que necesitan saber qué apoyos debe recibir un alumno, o los servicios de empleo, que no pueden aplicar medidas sin un certificado válido".

Ver declaraciones de Rosa Díaz, diputada del Partido Regionalista de Cantabria y portavoz del PRC en materia de Políticas Sociales.