El Partido Regionalista de Cantabria en Astillero ha solicitado al alcalde, Javier Fernández Soberón, convoque “lo más pronto posible” una comisión extraordinaria para informar de las medias que se hayan adoptado desde el Ayuntamiento para “atajar” el problema de convivencia que están padeciendo muchos vecinos como consecuencia de la ocupación ilegal de viviendas en un edificio de la calle Ballestas.

El portavoz regionalista, Francisco Ortiz, ha lamentado que el alcalde no haya informado al resto de los grupos de “esta lamentable situación” que está causando “un grave problema” y que están “sufriendo un gran número de vecinos, según nos han hecho saber”. 

Por ello, ha censurado la actitud de Fernández Soberón “que se ha limitado a poner un post en sus Redes Sociales para lavarse las manos ante una situación que provoca una gran alarma social”. 

En este sentido, los regionalistas han pedido que el alcalde explique “los trámites realizados y previstos” que el máximo responsable de la Administración local de Astillero ha realizado o va a realizar ante las diferentes administraciones públicas, empresas de suministros y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, solicitan acceso al expediente administrativo donde se recoja “toda” la documentación y escritos relacionados con este problema. 

Al hilo, han recordado que el alcalde regionalista de Bárcena de Cicero, Gumersindo Ranero, cortó el suministro de agua en un inmueble con el mismo problema y que el PRC ha defendido la necesidad de “la urgencia” de acabar con la ocupación ilegal de viviendas mediante la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de evitar situaciones como la que se está viviendo estos días en diferentes municipios de Cantabria. 

Ortiz ha recordado que se debe “diferenciar, entre aquellos que ocupan una casa ilegalmente de aquellos que luchan por quedarse en sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos” y que el objetivo es que la normativa española esté en consonancia con la de otros países europeos y que España cuente con una tutela judicial rápida y en la que no prevalezca un derecho sobre otro, como son los derechos de propiedad y de vivienda.