La Comisión de Economía del Parlamento de Cantabria ha concluido esta mañana el debate de las enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley de Presupuestos de 2025 y ha ratificado la incorporación al documento de las 58 medidas impulsadas por el PRC y dirigidas a apuntalar los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y bienestar social, impulsar la economía y la creación de empleo y reforzar las políticas de promoción de la identidad cántabra y el municipalismo.

De este modo, los regionalistas han querido dar "una vuelta más" al proyecto de ley y aproximarlo "aún más" a la solución de los problemas que preocupan a los ciudadanos, con medidas valoradas en casi 1,8 millones de euros que complementan los más de 300 millones que ya quedaron comprometidos en el acuerdo firmado por el secretario general, Miguel Ángel Revilla, el pasado mes de octubre con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Las enmiendas del PRC suponen "una apuesta decidida" por la identidad y municipalismo, que se plasma en el incremento de las partidas destinadas a las entidades locales menores y las mancomunidades, que subirán el año próximo un 3 por ciento, el mismo porcentaje que el Fondo de Cooperación Municipal. 

En materia de identidad, el Grupo Regionalista ha reforzado las cuantías para organización de ferias y mercados tradicionales, difusión de la microtoponimia de Cantabria, creación de una plataforma de e-learning sobre temas cántabros y promoción de conciertos folk y proyectos como Legado Cantabria y Agro Cultura, además de aumentar las ayudas para los clubes deportivos y los deportes autóctonos como el remo y los bolos.

También ha incrementado las partidas consignadas para financiar los convenios con los municipios afectados por el declive demográfico, como Valle de Villaverde y Valderredible, y reforzado los fondos para actuaciones en los municipios de mayor tamaño, como el proyecto Europan en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, los estudios para la comarcalización del transporte en el área metropolitana de Santander y la creación de un aparcamiento disuasorio en altura en el Palacio de Festivales.

Para impulsar los servicios públicos esenciales, el PRC ha aumentado las ayudas dirigidas a mejorar las condiciones de las asociaciones y colectivos que trabajan directamente con los beneficiarios y las destinadas a prevención, con más fondos para organizaciones como Unate, Cavas, Consuelo Berges, Accas, AMAT, Proyecto Hombre, Es Retina y las asociaciones contra la diabetes, el alzheimer y el bullying. 

También ha introducido propuestas para contribuir a la movilización de la vivienda vacía y para que el Servicio Cántabro de Salud trabaje en proyectos contra la obesidad infantil, la prevención del suicidio y del juego patológico y la atención a pacientes con enfermedades neurodegenerativas, mientras que en el ámbito educativo ha realizado especial hincapié en materia de comedores escolares, Formación Dual y el plan de movilidad educativa en zonas rurales.

El tercer gran bloque de atención de los regionalistas es el impulso económico y del empleo, mediante la incorporación al presupuesto de las peticiones que la Mesa del Diálogo Social trasladó al Gobierno de Cantabria y que no fueron atendidas en un primer momento. Las enmiendas promovidas por el PRC han aumentado los fondos para fomentar el empleo joven y de los mayores de 45 años, el programa de relevo en las empresas y el plan de autónomos con discapacidad.

Del mismo modo, han incrementado las inversiones en el medio rural y el sector primario, con más ayudas para la apicultura, la Cofradía de Pescadores de Santander, los proyectos de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Santander y la implementación del informe Dragui sobre el futuro económico de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, la única enmienda presentada a la Ley de Medidas que acompaña el presupuesto, garantiza que el pago de la solicitud única de la PAC sea realizado al sector primario a más tardar el 30 de junio del año siguiente al de la petición, realizando una trasposición "estricta" de la normativa de la Unión Europea.