El diputado del PRC José María Mazón ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para instar al Gobierno de Cantabria a tomar “todas las medidas necesarias” para solucionar a la mayor brevedad el problema surgido en la explotación del puerto de Laredo, de manera que “no se produzcan perjuicios innecesarios ni para la Administración de la Comunidad Autónoma, ni para la empresa concesionaria y la economía de la región en general”.
Con esta iniciativa, el parlamentario regionalista y ex consejero de Obras Públicas pretende que el Ejecutivo “deponga su rechazo” y “deje de actuar como el principal adversario del nuevo puerto”, una actitud con la que “no ha hecho más que agravar los problemas de explotación provocados por la crisis económica”.
“El Gobierno ha ido cerrando puertas a las posibles soluciones sin aportar ninguna alternativa”, ha lamentado.
Asimismo, ha reprochado al consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, la “incapacidad e incompetencia” demostradas a la hora de afrontar la situación del puerto, al actuar “guiado por el afán de echar por tierra todo el trabajo hecho por el anterior Gobierno, sin pensar en el interés de Laredo y de la Economía de Cantabria”.
De hecho, ha asegurado que la Consejería “sólo ha actuado en contra de una gran inversión y de los muchos puestos de trabajo que dependen de su funcionamiento”, dispensando a esta instalación “un trato que no tiene ningún parecido con el dado a otras muchas empresas de la región, muchas de ellas con menor peso en el mercado laboral”.
Asimismo, ha destacado que el Gobierno cántabro “no sólo no ha cumplido sus obligaciones contractuales, sino que ha logrado espantar a cualquier particular que tuviera interés en adquirir un atraque en este extraordinario puerto”, por lo que el PRC “no cejará en su empeño de conseguir que esta gran infraestructura empiece a producir los frutos para los que fue planeada”.
Además de la proposición no de ley, Mazón también ha registrado en el Parlamento una petición para que el Gobierno remita a la Cámara toda la documentación relacionada con el expediente del puerto laredano a lo largo de la presente legislatura, para “acabar con el silencio y el oscurantismo mantenidos por la Consejería de Obras Públicas en este asunto tan delicado”.
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