El Partido Regionalista de Cantabria ha instado al Ayuntamiento de Tudanca a que realice las gestiones pertinentes ante la Consejería de Universidades e Investigación Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria para que los vecinos de La Lastra queden exentos del pago del canon de saneamiento al “carecer de instalaciones de saneamiento o depuración de aguas residuales”.
Igualmente, el presidente de la Junta Vecinal de La Lastra, el regionalista Ceferino Alonso, solicita la devolución de “los cánones indebidamente cobrados” a los usuarios desde febrero de 2016.
Para ello, ha realizado la petición formal ante el Ayuntamiento de Tudanca, recordando que tanto la Disposición Transitoria Segunda apartado dos de la Ley 2/2014 como la Disposición Adicional única apartado cuatro del Decreto 36/2015 establecen que: “Mediante Orden de la Consejería competente en materia de abastecimiento y saneamiento de agua podrán determinarse los núcleos en los que se suspende la aplicación efectiva del canon”.
Y subrayan que esa suspensión se determina por “no contar en el núcleo con ninguna instalación de saneamiento o depuración de aguas residuales”, tal como ocurre en La Lastra.
Asimismo, indica que, en febrero de 2016, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó la relación de núcleos que quedaban excluidos del pago del canon de saneamiento, sin aparecer en esa relación La Lastra.
Por ello, subrayan, en el escrito, que dicha Junta Vecinal “carece de cualquier instalación de saneamiento o depuración de aguas residuales” y, sin embargo, “todos los vecinos siguen abonando dicho canon con evidente perjuicio económico por el agravio comparativo con respecto a los habitantes de otros núcleos rurales de Cantabria en idéntica situación”.
Hechos, añaden, que son conocidos por el Ayuntamiento de Tudanca sin que haya “constancia de que se haya dirigido a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social para que esta situación sea debidamente subsanada”.
El presidente de la Junta Vecinal de La Lastra ha remitido el mismo escrito a la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, ya que, tal como establece la Disposición Transitoria Segunda del Decreto “faculta a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas y a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de Hacienda, cada una de ellas en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las normas necesarias para el desarrollo del presente Decreto”.
Alonso confía en que la petición sea tenida en cuenta, ya que “carecemos de las infraestructuras”.
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