El Partido Regionalista de Cantabria ha incidido en “la urgencia” de acabar con la ocupación ilegal de viviendas mediante la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de evitar situaciones como la que se está viviendo estos días en el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero.

En este sentido, los regionalistas han denunciado que este Ayuntamiento, “que ha hecho todo lo que está en su mano, vive con impotencia, los perjuicios que unos usurpadores de lo ajeno están causando” a sus vecinos.

De hecho, el alcalde, el regionalista Gumersindo Ranero, ha subrayado que el Ayuntamiento “ha llegado hasta donde ha podido”, como proceder al corte del suministro de agua. Pero ha dejado claro que “no tenemos potestad ni autoridad para poder echarlos de la vivienda. Estoy atado de pies y de manos”, ha declarado.

Para el PRC, situaciones como ésta “no se producirían” si los dos grandes partidos nacionales hubiesen acordado la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil tal como plantearon los regionalistas en el Parlamento de Cantabria mediante una proposición no de ley que fue respaldada por todos los grupos menos el PSOE. Propuesta que también ha sido defendida en el Senado por el senador autonómico y diputado regional, José Miguel Fernández Viadero.

Por ello, el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, ha reiterado la necesidad de “afrontar” esta modificación para “defender” los derechos de los propietarios y “atajar” la ocupación ilegal de viviendas “por personas que constituyen verdaderas mafias”.

Al hilo, ha insistido en que “debemos diferenciar entre aquellos que ocupan una casa ilegalmente (como es el caso de Gama) de aquellos que luchan por quedarse en sus viviendas por no poder hacer frente a los pagos”.

El objetivo de la propuesta del PRC es que la normativa española esté en consonancia con la de otros países europeos y que España cuente con una tutela judicial rápida y en la que no prevalezca un derecho sobre otro, como son los derechos de propiedad y de vivienda.

Para los regionalistas, la indefensión jurídica de muchos propietarios que ven cómo sus viviendas son ocupadas viene determinada por el Código Penal de 1995, al introducirse el delito de usurpación de bienes inmuebles.