El Grupo Parlamentario Regionalista exigirá la convocatoria de un Pleno monográfico en el mes de octubre de 2025 para pedir explicaciones al Gobierno sobre la ejecución del presupuesto, que será aprobado en el mes de diciembre gracias a su apoyo y que tiene "un sello regionalista que garantiza el mantenimiento de los servicios públicos que sustentan el Estado del Bienestar en Cantabria".
La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, ha anunciado hoy la decisión de su grupo de intensificar el control sobre el Ejecutivo para verificar no sólo el cumplimiento de los acuerdos firmados para la aprobación de las cuentas del año que viene, sino también de las propuestas de resolución ratificadas en el último Debate sobre el Estado de la región, el pasado mes de junio. Para ello, promoverán también un Pleno monográfico, previo al próximo debate, por lo que propondrán su celebración en abril.
"La política presupuestaria del PRC comienza el 1 de enero de 2025, porque el presupuesto de 2024 no se ha ejecutado y los compromisos no se han cumplido". Así lo ha asegurado la parlamentaria en una rueda de prensa en la que ha repasado las aportaciones de su partido en materia de bienestar ciudadano, plasmadas en un incremento de los fondos destinados a salud, educación e inclusión social hasta representar el 73 por ciento del total.
Gracias al "sello regionalista", ha subrayado que si a partir de ahora cierran consultorios en Cantabria "no será porque no haya partidas para evitarlo", porque el presupuesto destina a estos centros 4 millones de euros más para 2025. Lo mismo sucede con las ayudas vinculadas a los servicios sociales, que contarán con 6 millones más, y la mejora de los centros educativos, reforzada con más de un millón y medio. Además, "si no se atienden las reivindicaciones salariales y del personal será por una cuestión ideológica y de gestión, pero no porque los regionalistas no lo hayamos exigido en el presupuesto".
Paula Fernández ha explicado que, a partir de ahora, la gestión dependerá del Gobierno, "no del PRC", que ha decidido apoyar el proyecto de ley porque "Cantabria está por encima de todo" y la alternativa era un Ejecutivo en minoría "apoyado por el partido contrario a la autonomía y que ha demostrado ser incapaz de gobernarse a sí mismo", o una región "estancada y sin presupuestos, a imagen y semejanza del Gobierno de España".
"Los regionalistas hemos tendido la mano de nuevo, porque por encima de muchas cuestiones está nuestro compromiso con Cantabria y su gobernabilidad y sabemos la deriva peligrosa que sufriría si no hay un presupuesto y el peligro que supondría caer en manos de los anti autonómicos", ha declarado.
La diputada ha detallado las mejoras introducidas por su partido en el ámbito de la sanidad, con más dinero para centros de salud como los previstos en Polanco, San Felices de Buelna, Comillas, Santillana del Mar, Reinosa o Piélagos, y para la rehabilitación de consultorios rurales en los municipios más pequeños, caso de Campoo de Yuso, Anievas o Miera.
También ha hecho hincapié en la mejora de los centros educativos, como el Juan de la Cosa de Santoña o el Margarita Salas de Cabezón de la Sal, entre otros, y ha insistido en la disposición del PRC a "arrimar el hombro" para atender las reivindicaciones salariales del profesorado, que mantienen a la Junta de Personal Docente encerrada en la sede del Gobierno.
En materia de inclusión social, ha ponderado la mejora de la financiación de las entidades, empresas y servicios de los sectores de la dependencia y la discapacidad, con 3 millones de euros más, el aumento de la partida de bienestar social para actualizar el pago de las competencias que prestan los ayuntamientos, con 1,6 millones, y la actualización de las cuantías destinadas a los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, tal como propusieron los alcaldes del PRC en la última asamblea de la Federación de Municipios.
En este ámbito, ha expresado su preocupación por la falta de consignación para el Centro de Mayores de Parayas, una obra que el alcalde popular de Camargo, Diego Movellán, reivindicaba como "urgente y necesaria" y sobre la cual hoy "no se sabe qué se quiere hacer".
Finalmente, ha valorado el compromiso para aprobar la Ley de Juventud antes de junio y ponerla en marcha a lo largo de 2025, con una consignación de 1,2 millones encaminada a políticas en materias como el acceso a la vivienda o el transporte.
"Los presupuestos de 2025 llevan el sello y la firma del PRC y eso lo van a notar los ciudadanos de Cantabria, a los que queremos asegurar unos servicios públicos esenciales de más calidad y más accesibles", ha concluido.
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