Víctor Gómez, concejal del PRC en el Ayuntamiento de Vega de Pas, ha urgido la contratación de profesionales autorizados para el servicio de transporte sociosanitario adaptado y ha exigido explicaciones al alcalde, el popular Juan Carlos García, ante la querella por posible prevaricación administrativa presentada por la Federación Cántabra del Taxi por contratar para dicho servicio a trabajadores sin la cualificación exigible.

Gómez quiere conocer los requisitos exigidos por el Ayuntamiento para seleccionar al personal que se encarga de la prestación de dicho servicio, con un vehículo de propiedad municipal, y los pasos dados para adaptar su funcionamiento a la reforma de la normativa de transportes realizada por el Gobierno de Cantabria.

De este modo, el portavoz regionalista quiere "resolver todas las dudas" surgidas a raíz de la querella presentada contra el alcalde y garantizar la continuidad de este servicio de transporte, que el Ayuntamiento presta desde hace 25 años.

En este sentido, ha recordado que fue él mismo, durante su etapa como alcalde, quien lo puso en marcha en 2002, gracias a una subvención del Gobierno de Cantabria que permitió la adquisición del vehículo adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida a los centros sanitarios. 

Dado que aquella ayuda exigía que la adaptación del vehículo para el transporte de personas con discapacidad, el Ayuntamiento instaló la rampa de acceso, contrató a un conductor y aprobó una tasa para la financiación del servicio.

Este sistema fue posteriormente modificado, tras la llegada del PP a la Alcaldía en 2011, cuando el conductor fue despedido y presentó una denuncia contra el Ayuntamiento, que fue obligado a readmitirlo por sentencia judicial. Sin embargo, nunca volvió a ocupar su plaza como chófer del transporte sanitario. 

Desde entonces, el servicio ha funcionado con diferentes trabajadores, contratados a través del programa de empleo EMCAN, situación que ha acabado provocando la denuncia de la Federación Cántabra del Taxi contra el alcalde por posible prevaricación administrativa.

"Por el bien de los vecinos, queremos tener un servicio sociosanitario en condiciones y que cumpla todos los requisitos legales exigibles", ha concluido Víctor Gómez.