El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander pedirá en el Pleno ordinario de este jueves explicaciones y responsabilidades por los cerca de 700.000 euros pagados en, al menos, 54 facturas fuera del contrato de mantenimiento de las escaleras mecánicas de la ciudad, las registradas hasta el 31 de enero.

En un comunicado, los regionalistas han recordado que el contrato de mantenimiento integral de las escaleras y rampas mecánicas, plataformas, ascensores exteriores y ascensor inclinado de Santander concluyó el 30 de septiembre de 2021 y que desde entonces este servicio se ha gestionado mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito que han derivado en un "mantenimiento insuficiente y caro" , provocando que las "numerosas incidencias" no se arreglen con la "debida celeridad" y que repercutan "negativamente" en los ciudadanos, una situación que han atribuido a la "falta de acción, desorganización y ausencia de gestión" del Ayuntamiento para renovar o formalizar un nuevo contrato a tiempo.

Así, aunque desde el Consistorio ya han iniciado el procedimiento para licitar un nuevo contrato de mantenimiento, con un plazo de presentación de ofertas que finalizó el 26 de febrero de 2025, el Grupo Regionalista ha advertido que este no se formalizará, "si todo transcurre sin problemas, hasta finales de abril o mayo". Por este motivo, desde el PRC han registrado una batería de preguntas para el Pleno de esta semana relativas a este contrato.

En primer lugar, pedirán explicaciones sobre el retraso en la tramitación del nuevo contrato y sobre las 54 facturas tramitadas sin contrato desde entonces, las cuales suponen un importe cercano a los 700.000 euros. Además, los regionalistas preguntarán si la Intervención Municipal ha realizado algún reparo y si se han tomado medidas para "exigir responsabilidades disciplinarias, administrativas, contables o penales", por "normalizar expedientes que no se someten al concurso público", que ya han supuesto cuatro expedientes extraordinarios por importe de medio millón de euros y uno o dos más hasta cubrir los 200.000 euros restantes ya registrados y lo que se genere entre febrero y la entrada en vigor del nuevo contrato.

Entre las cuestiones también destacan los motivos por los que no se prorrogó el contrato inicial, "a pesar de que el mantenimiento se considera una prestación esencial" y se cuestionará cuándo tuvo conocimiento el Ayuntamiento de la negativa de la empresa adjudicataria a renovar el contrato y por qué no se tramitó una prórroga en los términos permitidos por la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, la pregunta será por qué el equipo de Gobierno ha decidido autorizar prórrogas en otros contratos con la misma empresa, como el de mantenimiento de montacargas y ascensores, a pesar de que no hizo lo mismo con el contrato de las escaleras mecánicas.

Por otra parte y, en ese sentido, se cuestionará cómo se justifica que el Ayuntamiento pague el mismo importe mensual por el mantenimiento con contrato que sin él y si se han garantizado las mismas prestaciones contractuales desde octubre de 2023.

Por último, desde el PRC también preguntarán por la falta de desarrollo de sistemas que permitan a la ciudadanía visualizar en tiempo real el estado y funcionamiento de los equipos, así como el uso de tecnologías de mantenimiento predictivo ofrecidas por el contratista en el contrato concluido en 2021.

Otras cuestiones

En el Pleno del próximo jueves, el Grupo Municipal Regionalista también pedirá explicaciones al equipo de Gobierno sobre otras cuestiones, como el paradero de las barandillas originales retiradas hace tiempo en el El Sardinero por su mal estado y si existe alguna intención de sustituir las barandillas actuales, "que no respetan la estética de las originales", por un diseño que sea rigurosamente igual que el anterior.

También por el cumplimiento de la Ley 7/2022, que regula la gestión de residuos urbanos, y las medidas adoptadas para implementar la recogida separada de biorresiduos, textiles y otros residuos específicos, así como los plazos previstos para su aplicación. También cuestionarán cómo afrontará el Consistorio este impuesto y si este coste será trasladado a la ciudadanía o si se han considerado alternativas de financiación. Además, buscarán conocer los recursos y partidas presupuestarias asignados para garantizar la implementación efectiva de estas disposiciones.