El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Meruelo, Alejandro Pascual, ha denunciado públicamente hoy que la anterior adjudicataria del servicio municipal de limpieza, Urbaser, trabajó durante seis meses para el Ayuntamiento "sin soporte contractual" y no podrá cobrar por ello, como consecuencia de los reparos formulados a causa de esta situación por el secretario-interventor, que el equipo de Gobierno del Partido Popular "no se atrevió a levantar" en el Pleno celebrado ayer.

Pascual ha culpado al alcalde, Evaristo Domínguez, de esta situación por su "dejadez e irresponsabilidad en la gestión municipal", que aboca a la empresa a acudir a los tribunales para reclamar el pago de los servicios que ha prestado, por importe superior a los 75.000 euros.

"Es más que probable que el Ayuntamiento de Meruelo tenga que responder en los tribunales por las irregularidades en la gestión del servicio de limpieza cometidas por el alcalde y su equipo de Gobierno, al permitir que Urbaser prestara sus servicios sin contrato durante 6 meses e impedir ahora que pueda cobrar por el trabajo realizado", ha explicado.

El portavoz regionalista, cuyo grupo se abstuvo a la hora de votar el levantamiento de los reparos precisamente para "no bloquear el pago de unos servicios efectivamente prestados, ni avalar las irregularidades cometidas", ha confesado su "sorpresa" por el voto también de abstención del Grupo Popular, después de haber incluido el asunto en el orden del día de la sesión. "Parece claro que tenían intención de aprobarlo, pero al ver que desde el PRC no íbamos a apoyarlo han cambiado el sentido del voto. No se entiende que no apoyen puntos incluidos por ellos en el orden del día del pleno si tan seguros están de su legalidad. Fue surrealista", ha apostillado.

Además, ha criticado la falta de respuesta a las preguntas que planteó durante la sesión para saber quién y por qué decidió la continuidad de Urbaser hasta la adjudicación del nuevo contrato y cómo se comunicó a la empresa.

Esta situación se produce después de que el Ayuntamiento decidiera en junio de 2024 no prorrogar el contrato con dicha empresa por las deficiencias detectadas en el servicio. En aquella fecha, y a propuesta del PRC, se puso en marcha el procedimiento para realizar una nueva adjudicación antes del vencimiento de la prestación previsto para noviembre de ese mismo año.

Sin embargo, la primera licitación quedó desierta por la insuficiente oferta económica, lo que demoró el procedimiento, que no concluyó hasta mayo de 2025, cuando se firmó el contrato con la actual adjudicataria (Samyl Facilities). Urbaser siguió prestando el servicio hasta ese momento, pero sin el preceptivo amparo contractual, lo que motivó los reparos del interventor al pago de las facturas emitidas durante seis meses, por un total de 75,444 euros, como consecuencia de la "omisión de trámites esenciales y vulneración de la Ley de Contratos".

Alejandro Pascual ha responsabilizado al alcalde de ese "vacío contractual" en un servicio esencial, porque "no sólo tuvo tiempo de sobra para gestionar una nueva adjudicación, sino también mecanismos legales para evitar que la empresa trabajara sin contrato". Como consecuencia, ha concluido, "el Ayuntamiento va a acabar, previsiblemente, en los tribunales y los vecinos tendremos que pagar no sólo por los servicios de Urbaser, sino también por los perjuicios ocasionados sin ninguna necesidad".