El PRC cree que el Gobierno ha perdido un año para presentar un Plenercan sin "novedades relevantes", que encarece la inversión, crea menos empleo y no garantiza el autoabastecimiento

El Grupo Parlamentario Regionalista considera que el Plan Energético anunciado por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, no incorpora “novedades relevantes” respecto al realizado por el anterior Gobierno PRC-PSOE, más allá de que encarece la inversión al reducir de 1.400 a 700 megavatios la potencia autorizada y reduce la “ambición”, al renunciar al autoabastecimiento y reducir la creación de empleo.

Así lo han manifestado este miércoles en rueda de prensa los diputados Rafael de la Sierra y Rafael Pérez Tezanos, quienes han reprochado al Ejecutivo que haya perdido un año tras la anulación del plan anterior para finalmente no introducir cambios sustanciales y generar con ello “una gran inseguridad”.

“Se ha perdido un año de trabajo, de inversión, de puestos de trabajo, de generación de ingresos en Cantabria, con la que está cayendo, y también un año de credibilidad de las instituciones, porque a quien contrata con el Gobierno le da igual que haya cambiado de signo político”, ha lamentado De la Sierra. 

A la espera de conocer los contenidos exactos del plan y los estudios que lo justifican, que aún no han sido remitidos al Parlamento, ha asegurado que lo anunciado públicamente por Diego “no añade absolutamente nada a la política energética”, porque todos los parámetros, enfoques, conclusiones y hasta la estructura quedan “exactamente igual”. En consecuencia, ha atribuido a la “tozudez y la escasez de miras del presidente, que está más preocupado por desacreditar lo que hizo el Gobierno anterior que por lo que es mejor para Cantabria”, la pérdida de tiempo que ha supuesto modificar el plan vigente en la anterior legislatura.

“Y lo que nos queda”, ha agregado el portavoz regionalista, ya que pasará “como poco otro año” antes de que el Plenercan esté aprobado y vigente como “documento de referencia”, por lo que el “objetivo estrella” de reducir la potencia autorizada asumido por el Ejecutivo del PP “no justifica esta pérdida de tiempo” y genera “más inseguridad”.

En este sentido, ha cuestionado que apenas tres días antes de dar a conocer el plan y confirmar la reducción de potencia Diego dijera desconocer ese dato, lo cual evidencia a su juicio que el plan está “mucho menos elaborado” y que lo que realmente tiene en este momento el Gobierno son “intenciones más que conclusiones”.

Además y para De la Sierra, esa reducción no está justificada “ni por razones técnicas, ni por razones económicas” y mucho menos “desde el punto de vista del tiempo que han tardado en hacerla pública”.

Inversión y empleo

Pérez Tezanos ha criticado por su parte la “falta de ambición” de un plan que reduce a la mitad la potencia autorizada, pero no conlleva un recorte equivalente de la inversión, cifrada por el anterior Gobierno en 2.000 millones de euros para 1.400 megavatios, por lo que “va a salir mucho más caro instalar los parques”. Esta situación suscita “una gran preocupación” en el seno del Grupo Regionalista, porque, “con la que está cayendo, la capacidad de los posibles inversores puede verse frenada”.

“Ahora va a salir mucho más caro instalar un molino y crear un puesto de trabajo; no estamos dando facilidades a los inversores”, ha precisado.

Asimismo y en contra de las cifras anunciadas por el presidente, que ha cifrado en 1.081 los puestos de trabajo que creará este nuevo plan, el diputado del PRC ha afirmado que no serán más de 758 y ha detallado que el Ejecutivo calcula la creación de 4,39 empleos por cada molino instalado y cada 1,62 millones de inversión, cuando en la anterior legislatura eran 3,08 puestos de trabajo por molino y 1,33 millones de inversión.

Pérez Tezanos ha rechazado finalmente que el Gobierno renuncie al autoabastecimiento energético y se conforme con alcanzar un déficit del 36,50 en el horizonte 2020, lo cual no sólo va en contra de la tendencia del resto de las regiones, sino que también impedirá que Cantabria pueda contribuir a la erradicación en España de las energías contaminantes.