La diputada y portavoz del PRC en materia económica, Paula Fernández, ha asegurado hoy que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga "ni está preparado, ni muestra voluntad" para defender los intereses de Cantabria en la negociación con el Estado sobre el futuro de la financiación económica "más allá de lo que diga Feijoo" y por ello "se limita a hacer seguidismo de la postura nacional del Partido Popular", en lugar de "ponerse a trabajar para concretar una postura propia y buscar lo mejor para los cántabros".
"Sáenz de Buruaga está convirtiendo a Cantabria en rehén de los intereses electorales de Feijoo, ha lamentado la parlamentaria regionalista tras el debate que ha mantenido este martes en el Parlamento con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, a quien ha encontrado "muy poco comprometido con las necesidades específicas de la Comunidad Autónoma, que poco tienen que ver con las de otros territorios donde el PP tiene su granero de votos, como Andalucía, Madrid y Valencia".
No obstante, se ha felicitado por que Agüeros haya asumido las alegaciones que presentó el anterior Gobierno PRC-PSOE, bajo la presidencia de Miguel Ángel Revilla, contra la introducción de la población ajustada como criterio de reparto de los fondos frente al coste efectivo de los servicios que siempre ha defendido la Comunidad Autónoma y cuyo mantenimiento resulta "imprescindible" para garantizar la financiación de los servicios públicos en territorios como Cantabria, donde la orografía, la dispersión y el envejecimiento de la población suponen un coste "muy superior" al de las autonomías más pobladas.
Paula Fernández ha instado al Gobierno de Buruaga a "mantener y respetar" los compromisos asumidos por Cantabria en la Cumbre de Presidentes celebrada en noviembre de 2021 en Santiago de Compostela, convocada por Feijoo como presidente de Galicia en aquel momento, y que supuso la creación de un frente común con Asturias, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón para defender el modelo de financiación basado en el coste real de los servicios y el status quo, para que ningún territorio pierda financiación.
"Aceptar cualquier cambio que no tenga en cuenta esas variables supone comprometer la viabilidad de Cantabria como Comunidad Autónoma", ha advertido, sin ocultar su temor a que Feijoo "acabe cediendo a la presión de las regiones más pobladas y dando la espalda a las necesidades del resto de los territorios".
En este sentido, ha subrayado que las alegaciones presentadas por el Ejecutivo cántabro en enero de 2022, en base a un estudio elaborado por el grupo de I+D+i de Economía Pública de la Universidad de Cantabria, "siguen plenamente vigentes" y suponen la defensa de "criterios vitales", como el statu quo, el envejecimiento y la dispersión poblacional o la orografía.
Finalmente, y ante la propuesta realizada por el Gobierno central para condonar deuda al conjunto de las Comunidades Autónomas, ha lamentado que el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga "tampoco haya hecho nada" para fortalecer la posición de Cantabria, pese a saber "desde hace más de un año que esa condonación iba a llegar".
"A nadie le amarga un dulce", ha continuado la parlamentaria en alusión a la quita de 809 millones de euros a Cantabria y la consiguiente reducción del total de la deuda en un 24 por ciento, con el ahorro de alrededor de 20 millones anuales en concepto de intereses, aunque a su juicio la Comunidad Autónoma "hubiera salido más beneficiada si la condonación se hubiera calculado con otros criterios, por los que el Gobierno autonómico ni siquiera ha luchado".
No obstante, ha concluido, "todavía tiene una oportunidad para introducir ajustes en las reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda, tal como ayer mismo anunció la ministra María Jesús Montero, dado que la ley no se aprobará hasta finales de año".
Documentos
