El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha asegurado hoy que el Gobierno “miente” cuando dice que la Comunidad Autónoma no está afectada por resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera el céntimo sanitario contrario a la legislación comunitaria y ha asegurado que Cantabria “tendrá que devolver al menos lo recaudado en 2012”, que la consejera de Economía, Cristina Mazas, cifró en 6,5 millones de euros durante una intervención parlamentaria.
Tras estudiar a fondo el dictamen del tribunal europeo, De la Sierra ha recomendado al Ejecutivo de Ignacio Diego que “lo lea con detenimiento y atención”, porque en ningún momento “limita su aplicación a lo recaudado hasta 2011”. Es más, ha precisado, “no procede hacerlo, porque lo que establece la sentencia es una determinada interpretación de la Directiva 92/12/CEE y, lógicamente, la interpretación no está sujeta a plazo”.
En este sentido, ha explicado que son el Gobierno español y la Generalitat los que han manifestado al Tribunal que la legislación española se modificó con efectos a 1 de enero de 2013 para adaptarla a la normativa comunitaria, modificación sobre la que “no se pronuncia la sentencia”.
En consecuencia, el portavoz regionalista ha explicado que “la única duda” que puede quedar en este momento es si tendrá efectos sobre lo recaudado a partir del 1 de enero de 2013, cuando entró en vigor la reforma de la ley que regula el impuesto de hidrocarburos.
“La sentencia valora la legislación vigente hasta 2013 y la considera contraria al derecho europeo, por lo que Cantabria está afectada al igual que el resto de los territorios que implantaron el céntimo sanitario en base a dicha regulación”, ha recalcado.
Ante esta situación, De la Sierra ha instado al Gobierno de Cantabria a “rectificar y admitir su error”, para lo cual espera que el presidente responda a la solicitud presentada ayer por el Grupo Regionalista y acuda “de inmediato” al Parlamento para “contar la verdad y explicar a la ciudadanía las consecuencias reales de la sentencia y de su empecinamiento en implantar y mantener un tributo inútil, perjudicial y, en su momento al menos, contrario a la normativa comunitaria”.
El portavoz del PRC ha vuelto a reclamar por todo ello la abolición de un impuesto que considera “uno de los errores más graves” del actual Gobierno del PP, porque ha provocado el desvío del consumo hacia el País Vasco y una pérdida de 20 millones de euros en la facturación y de 260 puestos de trabajo en las gasolineras cántabras.
“Lo recaudado por un lado se ha perdido con creces por otro y encima ahora habrá que proceder a su devolución, lo cual resulta el colmo de la estupidez”, ha concluido.
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