La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, ha presentado hoy en Reinosa una proposición no de ley que defenderá en el Pleno del próximo lunes para instar al Gobierno de Cantabria a realizar las gestiones precisas ante la Administración del Estado para garantizar el mantenimiento de las oficinas de la Seguridad Social de Reinosa, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Santoña y Potes, "salvaguardando a sus plantillas y los recursos y medios económicos necesarios para su correcto funcionamiento".
Fernández ha presentado esta iniciativa en una declaración pública realizada esta mañana frente a la oficina de Reinosa, cuyos dos trabajadores tienen prevista la jubilación en menos de un año, sin que en este momento esté prevista su sustitución. "Estamos hablando de un nuevo desmantelamiento que ya no vamos a permitir en Campoo", ha recalcado.
Acompañada por alcaldes y representantes regionalistas de toda la comarca, la parlamentaria ha reivindicado la continuidad del servicio descentralizado de la Seguridad Social, que ha calificado como "fundamental para luchar contra el despoblamiento" en esta zona de Cantabria, caracterizada por la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.
Con este objetivo, la iniciativa presentada en el Parlamento pide la intervención del Gobierno de Cantabria para exigir al Estado la continuidad de este servicio público y su actual cartera de servicios, con el fin de facilitar las gestiones ante la Seguridad Social sin que la población tenga que desplazarse hasta Torrelavega.
"Vamos a luchar por que el servicio se siga manteniendo en Reinosa y que el personal que se va a jubilar tenga recambio", ha recalcado la diputada.
Asimismo, ha advertido que la de Campoo no es la única oficina de la Seguridad Social que en este momento corre peligro en Cantabria, a la vista de las carencias que existen en otras localidades como Potes, donde ya sólo hay una persona trabajando, después de la jubilación de un compañero hace un año, cuya plaza no ha vuelto a ser cubierta.
Esta misma situación se produce en Castro Urdiales, con un único funcionario al frente del servicio y unas instalaciones "en estado de abandono y cubiertas de grafitis"; San Vicente de la Barquera, donde la plantilla también se ha reducido a un solo trabajador y la oficina no abre todos los días, y Santoña, donde ha desaparecido la atención telefónica sustituida por una locución.
Frente a esta situación, Fernández ha reivindicado el "papel clave" que juegan estas oficinas descentralizadas en "la protección social y el bienestar de los cántabros" y ha rechazado que el Ministerio de la Seguridad Social "renuncie a poner los medios necesarios para asegurar una adecuada atención a la población a la hora de realizar trámites presenciales y evitar desplazamientos innecesarios".
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