El Partido Regionalista de Cantabria aboga por “restituir” la sanidad universal, “sin copagos”, por lo que el grupo parlamentario ha impulsado la presentación de una proposición no de ley para “derogar” el Real Decreto-Ley 16/2012 aprobado por el Partido Popular, que se debatirá en el pleno del próximo lunes.
Los regionalistas han recordado que la política sanitaria llevada a cabo por los gobiernos populares “supuso una transformación profunda de nuestro sistema sanitario”, ya que “incrementó el gasto de las familias, con el copago” y “dejó fuera del sistema a las personas en situación irregular”.
“Una trasformación –han añadido- que tuvo efectos devastadores sobre la población más vulnerable”, tal como muestra el informe que REDER publicó en septiembre de 2015.
Por ello, han considerado “oportuno y necesario” la derogación del Real Decreto-Ley de Mariano Rajoy porque, a pesar de que el actual Gobierno de Cantabria, al igual que otras comunidades autónomas, ya ha adoptado medidas para “mejorarlo, no es suficiente”.
En su opinión, las iniciativas adoptadas “no garantizan” una atención universal porque “dejan fuera a los ciudadanos con nacionalidad comunitaria, a las personas ascendientes regularizadas como consecuencia de un reagrupamiento familiar y a los solicitantes de asilo y refugio”; además de que “provoca accesos desiguales y derechos divergentes, en función de donde viva” el solicitante.
Y porque las comunidades autónomas “carecen” de competencia para “revertir la profunda modificación” realizada en el sistema sanitario por el Ejecutivo del PP que “ha supuesto la vuelta al modelo de aseguramiento”.
Por todo ello, la proposición no de ley, presentada conjuntamente por el PRC, PSOE y Podemos, reclama al Gobierno de Cantabria a que inste al Gobierno nacional a que “reforme” la Legislación para que “restituya el sistema de sanidad universal, derogando los contenidos del Real Decreto Ley 6/2012”.
Además, propone que se incorporen “cláusulas de flexibilidad “ para “garantizar la atención en todo momento”. Con esta propuesta, se persigue que “la falta de prueba de un requisito, no se convierta en una barrera insalvable”. Para ello, proponen que “todas las personas no pertenencientes a la Unión Europea tendrán, también, los derechos que le reconozcan las leyes, los tratados y convenios internacionales”.
Por último, la PNL plantea “contemplar mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan garantizar la efectividad de la misma”.
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