Desde el PRC de Colindres instamos a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria para que el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Colindres deje de incumplir la normativa medioambiental en materia de producción y gestión de residuos de la construcción y demolición. En concreto, pedimos a la citada consejería que se cumpla el Real Decreto 105/2008 que lo regula y exiga al alcalde y su equipo que den ejemplo como representantes de una administración pública.

Recordamos que hace días denunciábamos los continuos depósitos de sobrantes que se dan cita en la parcela de "La Salinera". Dicho recinto no está autorizado para recibir residuos de construcción y demolición; el Ayuntamiento al permitir acopiarlos se convierte en "poseedor" y por lo tanto en el responsable máximo de la gestión de los mismos.

Además, destacar que estas acumulaciones se realizan sin un tratamiento previo, es decir, sin una clasificación de los residuos, por lo que conjuntamente se vierten metales, tierras, maderas, cristales etc.

El Ayuntamiento al ser el "poseedor" según el artículo 5 del Real Decreto debe de mantener los residuos en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud, es decir: recinto cerrado y vigilado, residuos segregados, soleras con recogida de lixiviados, contenedores específicos para cada producto, etc. Destacar que esta misma situación si la realizara cualquier persona en su parcela sería multada de forma grave.

Desde el PRC hemos solicitado al equipo de gobierno la documentación exigible en el Real Decreto 105/2008, como la Autorización del Gobierno de Cantabria para el vertido y gestión de los residuos, extendidos desde hace varios años en la finca "la Salinera" ubicada en el centro de Colindres; los Documentos de Control y Seguimiento de cada envío realizado por el Gestor Autorizado, de cada obra correspondiente; y la Relación de Transportistas Autorizados en dichos envíos. Ninguno de estos documentos nos han sido facilitados, por lo que entendemos que no se está cumpliendo lo regulado en la normativa medioambiental mencionada, siendo una irresponsabilidad del equipo de gobierno socialista, al exigir en sus licencias de construcción y demolición que los vecinos cumplamos y paguemos los impuestos que ellos incumplen.