Torrelavega destinará 250.000 euros a ayudas para sufragar gastos de suministro de energía e Internet para personas en riesgo de exclusión social

La  convocatoria se ha aprobado en el Pleno correspondiente al mes de octubre. Asimismo se ha aprobado una moción instando a medidas para luchar contra la ocupación ilegal; y otra instando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una moratoria en el establecimiento de Zona de Bajas Emisiones.

31 Octubre 2022
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La Corporación de Torrelavega ha aprobado por unanimidad las bases reguladoras y la convocatoria 2022 de ayudas sociales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar gastos de suministro de energía e Internet de la vivienda habitual, en los que hayan incurrido las unidades familiares en situación o riesgo de exclusión social, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. El importe destinado a esta convocatoria es de 250.000 euros. A partir de ese momento se publicará la convocatoria y sus las bases reguladoras en el Boletín Oficial de Cantabria, tablón electrónico municipal, página Web de Servicios Sociales, y en la base de datos nacional de subvenciones. Las solicitudes se podrán presentar en el plazo máximo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al que aparezca publicado en el BOC el extracto de la convocatoria.

MOCIONES

 

En el apartado de mociones el Pleno ha aprobado la moción presentada por el PP instando medidas para luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Han votado a favor el PRC, Ciudadanos y el grupo popular; PSOE y Torrelavega Sí se han abstenido; y ACPT  ha votado en contra.

 

En concreto, el texto de la moción insta al Gobierno de la Nación a que proceda a:

1. Modificar los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.

 

2. Incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.

 

3. Modificar la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

 

4. Incluir un nuevo apartado en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.

 

5. Modificar la legislación tributaria para la reducción de obligaciones contributivas de arrendadores que justifiquen la no percepción de rentas. Asimismo, acuerda dar traslado de esta moción al Presidente del Gobierno de España, a la Ministra de Justicia, a la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, así como a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, y a la Junta de Gobierno de la FEMP.

 

 

También se ha aprobado una moción presentada por el PP en el que se insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una moratoria en el establecimiento de Zona de Bajas Emisiones, así como la creación de una Mesa de Trabajo de la que formarán parte representantes de los grupos municipales y de diferentes entidades. Esta moción ha contado con el apoyo del PRC, ACPT, Torrelavega Sí y Ciudadanos; y la abstención del PSOE.

 

En concreto, el texto plantea los siguientes acuerdos:

 

1. El Ayuntamiento de Torrelavega se suma a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias de solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una moratoria en el establecimiento de la Zona de bajas emisiones.

Esta moratoria debería establecerse hasta el momento en que de forma objetiva sea posible la implantación de este tipo de medidas.

 

2. El Ayuntamiento de Torrelavega trasladará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que el futuro Real Decreto que fijara las determinaciones que modelen las Zonas de Bajas Emisiones, ha de tener en consideración para establecer las medidas de restricción de acceso, parámetros como la población o la contaminación atmosférica de los municipios en cuestión.

 

3. El Ayuntamiento de Torrelavega trasladará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que eleve al parlamento del estado la propuesta para, modificar la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética en el punto que establece: “Cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente”.

El establecimiento de las zonas de bajas emisiones es una competencia municipal, y por tanto su modificación también ha de serlo.