La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista en materia de política social, Rosa Valdés, ha asegurado hoy que el sistema de atención a la dependencia, “que hasta junio de 2011 creaba empleo”, ha comenzado a destruirlo “a marchas forzadas”, como consecuencias de los sucesivos recortes impuestos por los gobiernos de España y Cantabria en manos del Partido Popular.

Valdés ha cifrado en alrededor de 1.000 los puestos de trabajo perdidos en este ámbito en los dos últimos años, 350 de ellos reconocidos por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales a diciembre de 2012 y el resto, aún por computar de manera oficial, como resultado del grueso de las reformas aplicadas a lo largo del presente año.

La parlamentaria, que exigirá explicaciones al Gobierno en el próximo Pleno, ha contrastado esta situación con los resultados registrados hasta la llegada del PP al poder, cuando las actividades relacionadas con la atención a la dependencia crecían respecto al resto de afiliaciones en la Seguridad Social. “Se ha producido un cambio de tendencia importante, con un descenso de más de 10 puntos en las afiliaciones por actividades de servicios sociales”, ha precisado.

Además, ha acusado al Ejecutivo cántabro, y en concreto a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, de “ocultar de manera reiterada” los datos de pobreza, desigualdad y deterioro de los servicios sociales públicos, “que se están produciendo por su sometimiento vergonzante a las políticas ultraliberales de Rajoy”.

Valdés ha subrayado que el modelo de protección social construido en la pasada legislatura ha sufrido “uno de los mayores ataques” en sus fundamentos y principios, a manos del mismo partido que “prometió brindar los servicios sociales y desarrollar la Ley de Atención a la Dependencia”. Lejos de ese compromiso, “no ha podido ser más cruel e injusto, porque ha aplicado la mayor cadena de recortes conocida, justo en el momento en el que más se necesita la protección social”.

Así, ha recordado que son 2.500 los cántabros expulsados hasta el momento del sistema de atención, como consecuencia de las moratorias aprobadas por el Gobierno de Rajoy, “y secundadas fielmente por el presidente Diego”.

Además, los presupuestos generales del Estado han suprimido el nivel de financiación conveniado con las Comunidades Autónomas y se han reducido un 13,25 por ciento las entregas por el nivel mínimo garantizado, lo cual ha hecho que Cantabria deje de recibir más de 7 millones de euros para atender a las personas dependientes.

Valdés ha criticado igualmente los “injustificados y mezquinos” recortes aplicados a la Renta Social Básica y el gravamen aplicado a las personas sujetas a revisión de la valoración de su situación de dependencia, así como la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras, fundamentalmente mujeres, la reducción en un 15 por ciento de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar y el aumento del copago de los usuarios.

“Estamos asistiendo a la demolición, calculada y cruel, del sistema de atención a la dependencia, que hoy no sólo arroja resultados negativos para las personas dependientes y sus familias, sino también para la economía y la creación de empleo, después del papel tan activo que llegó a tener en términos económicos antes de que gobernara el PP”, ha concluido la diputada del PRC.