El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha formalizado este martes su compromiso con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para defender y promover una Ley de Vivienda Estatal que permita hacer frente a la emergencia habitacional.

Revilla ha firmado con la presidenta de PAH Santander, María Antonia Luengo González, un documento de apoyo a esta iniciativa, con el fin de exigir al Gobierno de la Nación y a todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Generales la elaboración y presentación de todas las iniciativas legislativas necesarias para frenar las situaciones de emergencia habitacional. Además, asume la necesidad de respaldar y facilitar, dentro de las disponibilidades presupuestarias, la implementación autonómica tanto normativa como práctica de los contenidos de la legislación básica que apruebe el Estado en esta materia.

Según consta en el acuerdo suscrito hoy, la Ley de Vivienda deberá cumplir 5 objetivos fundamentales, que pasan por frenar los desahucios e impulsar la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible, la vivienda social y los suministros básicos de agua, luz y gas.

Para acabar con los desahucios, plantea una moratoria sobre aquellos que afectan a la primera y única vivienda, la obligación de bancos y grandes tenedores de vivienda de ofrecer el alquiler social a las familias afectadas, ayudas al alquiler cuando el propietario es un pequeño tenedor, asegurar el derecho de arraigo en los realojos, ofreciéndolos en el mismo municipio y barrio, e impedir que cualquier persona o familia en riesgo de exclusión social pierda su vivienda sin una alternativa.

La ley que propugna la PAH debe incluir también mecanismos de segunda oportunidad para conocer la dación en pago y la condonación de la deuda, la inembargabilidad de la vivienda habitual del avalista y la eliminación de las cláusulas abusivas, así como la compensación económica de las mismas.

La Plataforma pretende también una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en aras de la seguridad y la estabilidad, la ampliación del alquiler asequible a un mínimo de 5 años en casos tasados y medidas de las administraciones públicas para conseguir, de manera progresiva, que los precios de mercado converjan con la capacidad económica de la población.

En materia de vivienda social, aboga por movilizar la vivienda vacía mediante incentivos y medidas directas que sirvan para hacer llegar al mercado el stock de pisos disponibles, incrementar el parque público de vivienda y establecer alquileres sociales no superiores al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Finalmente y para asegurar los suministros básicos de agua, luz y gas, defiende el principio de precaución como garantía para evitar cortes sin tener antes información sobre la situación de los afectados, una tarifa social que permita el pago en función de la capacidad adquisitiva y la no asunción de las deudas de suministros con recursos públicos, garantizando las negociaciones con las empresas suministradoras para facilitar y flexibilizar el pago por parte de las familias.

Revilla y Luengo González han rubricado este documento en un acto celebrado en el Parlamento de Cantabria y que ha contado con la asistencia de varios representantes de la PAH en Santander, el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, y el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando.