Regenerar la vida política y desarrollar el poder y la capacidad de gestión de los ayuntamientos y las entidades locales son los dos grandes objetivos de la ponencia sobre política municipal que debatirá el PRC en su XI Congreso Regional, convocado para el próximo domingo bajo el lema ‘Ahora sí, Cantabria’.

El documento ha sido coordinado por los abogados Pedro Hernando y Rosa Díez, miembro del Comité Ejecutivo y concejala en Polanco, respectivamente,  y propone como principales medidas para “mejorar la democracia representativa, promover la transparencia y acabar con el desencanto social” la elección directa de alcalde y la elaboración de presupuestos participativos, en los que la ciudadanía elija el destino de un porcentaje de las inversiones anuales.

Así lo han dado a conocer hoy los autores de este proyecto, cuyo objetivo es hacer de lo local “el eje de las políticas trasversales de crecimiento, desarrollo y empleo” y garantizar “honradez, dedicación, responsabilidad, honestidad, formación, cercanía, profesionalidad y sinceridad en la vida municipal”.

Junto a las propuestas para regenerar la política municipal, el documento desarrolla medidas para impulsar del poder local, que pasan por “redefinir” la Federación de Municipios de Cantabria para “despolitizarla” y recuperar el Fondo de Cooperación Municipal en los términos en los que fue creado en 2006 y con una dotación no inferior a los 14,5 millones de euros, la misma cantidad con la que estaba dotado cuando el actual Gobierno decidió su supresión en 2012.

También aboga por que el Gobierno de Cantabria asuma las funciones de la antigua Diputación Provincial en relación con los ayuntamientos, para garantizar que los fondos procedentes del Estado para financiar las antiguas competencias de dicha institución en materia municipal lleguen efectivamente a su destino. En la actualidad, esos fondos ascienden a 60 millones de euros y menos de un tercio se destina a los fines legalmente establecidos.

Para evitar esa situación, la ponencia propugna una nueva estructura administrativa, con rango de Dirección General, encargada de coordinar los servicios municipales esenciales para garantizar su prestación íntegra y adecuada, brindar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de menor población, cooperar en el fomento del desarrollo económico y social de los ayuntamientos y colaborar en la gestión de servicios unificados.

Financiación de competencias

Asimismo y para clarificar las competencias municipales, postula la aprobación de una Ley de Financiación de las Competencias Impropias, en aras a asegurar que servicios como las aulas de 2 años, los consultorios rurales, el mantenimiento de los colegios, la asistencia social o el salvamento y limpieza de playas sean prestados por los ayuntamientos con recursos económicos “garantizados y comprometidos cada año en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma”.

La apertura de la política municipal a la ciudadanía es otro de los objetivos que asume esta ponencia, para lo cual plantea que la elaboración de los presupuestos locales sea participativa y los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre el destino de al menos el 30 por ciento de las inversiones anuales, con el fin de que “el dinero público se gaste en aquellos lugares donde las necesidades sean más reales, según la opinión motivada y encauzada de los propios vecinos”.

En materia económica, defiende un cambio en el modelo de ayudas al empleo local, al considerar que las convocatorias actuales dedican millones de euros a contratos “poco productivos económicamente, con fecha de caducidad y retribuciones bastante bajas”. Como alternativa, postura que las ayudas públicas se orienten a la implantación de pequeñas empresas, trabajos de mejora de pymes ya asentadas y a la colaboración directa para el aprovechamiento de sinergias y obtención de fondos para el crecimiento económico.

Una nueva ley de entidades locales menores, para potenciar el papel de estas entidades; el apoyo a los núcleos rurales para generar empleo y fijar su población; la comarcalización de la gestión directa de los servicios y la descentralización de las sedes y los servicios administrativos del Gobierno y los ayuntamientos, con el traslado de las instalaciones de alguna de las consejerías a Torrelavega son otras propuestas sobre las que el Congreso del PRC se pronunciará el próximo día 14.

Finalmente, incluye una apuesta estratégica por el desarrollo municipal de Santander y el Arco de la Bahía y Torrelavega y la cuenca del Besaya, dos áreas para las que reivindica un Estatuto de Comarcalidad, que incluya compensaciones financieras, apoyo a la gestión y medidas de impulso para avanzar en la mejora global de las respectivas zonas de influencia.