El vicesecretario general y portavoz parlamentario del PRC, Rafael de la Sierra, ha denunciado hoy que el Gobierno de Cantabria “no ha hecho nada en un año” para resolver el problema de los afectados por la Ley de Montes salvo una orden que es “un engaño” y que pretende trasladar la responsabilidad de la solución a los ayuntamientos y a las juntas vecinales.

De la Sierra defenderá por ello, el próximo lunes en el Pleno del Parlamento, una moción para instar al Ejecutivo a presentar en el plazo de tres meses un proyecto de ley que aporte “modos de solución justa y definitiva” y garantizar el ejercicio de las competencias por parte de las entidades propietarias, “en la forma en que tradicionalmente ha venido haciéndose”, para la prórroga de los convenios y consorcios para aprovechamiento de los montes existentes hasta la fecha.

La moción, que el portavoz ha presentado hoy en rueda de prensa acompañado por los alcaldes regionalistas de los municipios afectados, plantea además la ejecución del deslinde de los montes de utilidad pública de Cantabria y la desafección de las parcelas que sea necesario para “garantizar los derechos de los ciudadanos y una gestión más eficiente de sus bienes por las entidades propietarias”.

Asimismo, pide al Gobierno que garantice el estado de utilización y aprovechamiento de los montes que existía antes de la promulgación por la Administración central de la Ley de 2003, a partir de la cual ha surgido este problema, para lo cual aboga por la suspensión de dicha normativa mediante una disposición transitoria hasta que se resuelva definitivamente sobre los derechos de los afectados y se dé solución a la prórroga de los convenios y consorcios existentes.

“Un engaño”

Tanto De la Sierra como los alcaldes del PRC han rechazado la orden presentada como solución por el Ejecutivo cántabro y la han calificado como “un engaño a los afectados, a las Juntas Vecinales, a los ayuntamientos y al Parlamento”, porque lejos de resolver el problema es “un intento de lavarse las manos en el más puro estilo de Pilatos” para trasladar el problema a los municipios.

 De hecho, el regidor de Guriezo, Adolfo Izaguirre, ha precisado que la orden no sólo no resuelve el problema sino que lo “acrecienta”, porque “pone la pelota en el tejado de los ayuntamientos y de las juntas vecinales” y las coloca en una situación de la que “difícilmente se va a poder salir, porque plantea una inseguridad jurídica muy difícil de salvar”.

Ante esta situación, Rafael de la Sierra ha abogado por que el Gobierno siga adelante con todos los instrumentos que puso en marcha el anterior Ejecutivo PRC-PSOE y cumpla los compromisos asumidos por el PP para aplicar una disposición transitoria a la Ley de Montes, con el fin de que “las situaciones que están discutidas no puedan resolverse negativamente mientras no se determine si existe o no solución para ellas”. “Éste es un compromiso formal y expreso del presidente Diego en época electoral, del cual no sabemos absolutamente nada”, ha recordado.

Del mismo modo, ha urgido el cumplimiento de la promesa de modificar la ley estatal para permitir cambios en la calificación de los montes, o bien que el sistema de gestión permita recuperar en lo sustancial los sistemas tradicionales de concesión y prórroga de consorcios.

Para el portavoz regionalista, el Gobierno cántabro “no  puede seguir sin hacer absolutamente nada” ante un problema “gravísimo” tanto para los ciudadanos afectados como para los ayuntamientos y las juntas vecinales, por su repercusión económica y la “inseguridad jurídica” que está generando. “El Grupo Parlamentario, el partido y los alcaldes, concejales y presidentes de juntas vecinales vamos a movilizarnos y a presionar para que se dé solución a este problema tan importante, como se comprometió Ignacio Diego y que sin duda condicionó el número de votos que permitieron que sea presidente”, ha concluido.