Los grupos parlamentarios regionalista y socialista han presentado de manera conjunta una proposición no de ley, para su debate en el Pleno del Parlamento, con la que se pretende recuperar las políticas de cooperación al desarrollo, llevadas a cabo en los anteriores gobiernos presididos por Miguel Ángel Revilla, e igualar las rentas mínimas al Salario Mínimo Interprofesional, de forma progresiva.

Según ha explicado el portavoz regionalista, Pedro Hernando, el objetivo es que las medidas incluidas en la proposición no de ley  se vayan “implantando” de forma “paulatina” a lo largo de la presente legislatura.

Hernando ha explicado que la presentación de esta proposición no de ley es consecuencia de los compromisos firmados en la pasada campaña electoral por algunos de los  partidos con representación en parlamentaria, entre ellos el Partido Regionalista de Cantabria, y al encuentro mantenido por el portavoz y la diputada regionalista Matilde Ruiz el pasado lunes con la Coordinadora Cántabra de ONGs para el Desarrollo.

El portavoz regionalista  ha recordado que el Parlamento alcanzó en 2007 el Pacto Cántabro contra la Pobreza  donde se manifestaba “la necesidad de reforzar la voluntad política para lograr una actuación más coherente a favor del desarrollo humano y sostenible en el mundo”.

A pesar de ello, las políticas desarrolladas durante los últimos cuatro años por los gobiernos del Partido Popular han provocado un “aumento de la desigualdad y de la pobreza”, ha sostenido.

Por ello, en su opinión, se hace necesaria “la adopción de medidas que mitiguen las diferencias existentes y den respuesta a la situación de emergencia social que se viven actualmente”.

Así, la proposición no de ley insta al Gobierno de Cantabria a reconocer a la Alianza Cántabra contra la Pobreza y sus organizaciones como interlocutor en materia de políticas sociales, de lucha contra la pobreza y de cooperación al desarrollo.

Además, plantea la convocatoria, en los primeros seis meses de este periodo legislativo, del Consejo Cántabro de Cooperación y el Consejo Asesor de Servicios Sociales, y la recuperación de la partida presupuestaria destinada a Cooperación al Desarrollo y del espíritu fundacional de la Fundación Fondo Cantabria Coopera.

La proposición no de ley propone, igualmente, dar prioridad a aquellas inversiones en Educación, Sanidad y Dependencia que garanticen unos servicios públicos de calidad y el acceso en igualdad a los derechos sociales de todas las personas que residen en Cantabria; y restaurar la reglamentación de las Rentas Mínimas reguladas dentro de la Ley Cántabra de Derechos y Servicios Sociales a los términos anteriores a la modificación de marzo 2012 y aumentar de forma progresiva hasta alcanzar el SMI.

Por último, apunta la introducción de cláusulas sociales y ambientales en las convocatorias públicas regionales y locales y defender en los ayuntamientos que la lucha contra la pobreza local e internacional son una “competencia propia, legítima y necesaria”, por lo que deberán trabajar para llevar a cabo iniciativas de lucha contra la pobreza y en favor de los derechos humanos y sociales.