El Grupo Parlamentario Regionalista ha rechazado el nuevo impuesto al diesel porque, aunque se ha “maquillado” como una medida medioambiental, se trata de “una medida recaudatoria” que afecta, especialmente, a las rentas más bajas y que, en el caso de Cantabria, supondrá unos 28 millones de euros “para los bolsillos de todos los cántabros”. 

Por ello, los regionalistas han apoyado esta tarde la moción presentada por el Grupo Popular en contra de esta medida anunciada por el Gobierno de España, pero ha calificado de “hipócrita” la iniciativa porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una subida impositiva para los hidrocarburos, a partir del 1 de enero de 2019, y porque el Gobierno de Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga impuso el mal llamado céntimo sanitario en 2012, el cual fue declarado ilegal por los tribunales. “Ahora se rasgan las vestiduras”, ha subrayado. 

El diputado regionalista Francisco Ortiz ha apuntado que la medida,  que ahora pretende imponer el Ejecutivo del PSOE, con el apoyo de Podemos,  puede suponer una subida de unos 10 céntimos de euro el litro para los vehículos gasóleo, lo que conllevará un total de unos 150 euros al año. 

“Estamos ante una medida fiscal recaudatoria que afectará, de manera global y lineal, a todos los usuarios de vehículos diese sin hacer una discriminación en razón de las rentas, algo que consideramos injusto del todo”, ha sostenido Ortiz. 

Además de que “no tendrá ningún impacto de mejora ambiental”, ya que, según ha subrayado, “no es verdad que los nuevos motores diesel contaminen más que los motores de gasolina”, por lo que “supone un ataque injustificado, desde el punto de vista técnico”, ha añadido. 

Para el diputado regionalista, el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería abogar por “planificar una transición ordenada” y por “poner en marcha” planes y medidas fiscales que favorezcan un incremento de la matriculación de vehículos con motores de última generación, “más eficientes y menos contaminantes”, pensando, especialmente, en los coches eléctricos, híbridos o de gas. 

A su juicio, el cambio de los motores de gasolina y diesel a otros “más respetuosas” con el medio ambiente “no puede ser brusco” porque “castiga injustamente a las personas con las rentas más bajas, que no tienen actualmente la posibilidad de cambiar de coche de forma inminente”, ha concluido.