El Partido Regionalista de Cantabria ha afirmado que “Cantabria tiene ahora un presidente reivindicativo frente a la sumisión” que mantuvo Ignacio Diego durante los cuatro años que ha estado al frente del Ejecutivo, “durante los cuales no habló del tren”.

El portavoz regionalista, Pedro Hernando, ha lamentado que Diego critique al presidente de Cantabria por ser “reivindicativo y reclamar para los cántabros lo mismo que tienen los ciudadanos de otras comunidades autónomas”.

En este sentido, ha afirmado que Diego ha “permanecido callado” cuatro años en los que se mostró como “el mayor sumiso a las directrices de Mariano Rajoy”.

“Años, ha dicho, en los que no le oímos hablar del tren. Es ahora, cuando Cantabria tiene un presidente reivindicativo, que se acuerda de hablar y, lo hace, para seguir mostrando su beneplácito con su jefe, a pesar de que va en contra de los intereses de los cántabros”, ha afirmado.

Además, ha lamentado que Diego y Francisco Rodríguez Argüeso, “quien no ha hecho nada en cuatro años”, salgan a los medios de comunicación para “denostar al presidente que reivindica lo que Rajoy prometió”.

Por ello, Hernando ha incidido en que los regionalistas quieren que los Presupuestos Generales del Estado recojan inversiones en obras, que supongan el inicio de los trabajos del tren de alta prestaciones a Cantabria. “No queremos dinero para estudios, sino para obras”, ha recalcado.

Al respecto, ha recordado que Rajoy se comprometió con los cántabros a la “finalización” de dicho tren “a la mayor brevedad posible”. “Cuatro años después, ni un centímetro de vía”, ha apostillado.

Para Pedro Hernando, es más sorprendente que Diego asuma “sin sonrojarse” que el Gobierno de Rajoy “por ajustes de última hora” no haya contemplado ni un euro para Valdecilla.

“El presupuesto no lo recoge y no creeremos la palabra del PP hasta que aparezca y cumplan con el compromiso de financiar íntegramente la obra”, ha subrayado.

Por ello, Hernando ha avanzado que el PRC apoyará al presidente en sus reivindicaciones porque son “compromisos adquiridos con Cantabria que el Gobierno de la Nación debe cumplir” y porque “si no se cumplen, suponen un perjuicio para los intereses de los cántabros”.