El Partido Regionalista de Cantabria ha apoyado esta tarde en el Parlamento elevar a la Fiscalía las conclusiones de la Comisión de investigación de Ecomasa-Nestor Martín para conocer “el destino” de los 18 millones de euros de dinero público aportado al proyecto y los 3,2 millones derivados de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka “con el objeto de que sean devueltos”. 

Con la aprobación de las conclusiones, la Comisión de Investigación llega a su fin después de prácticamente dos años de trabajo y un total de 43 comparecencias. 

El portavoz regionalista en la comisión, el diputado Francisco Ortiz, ha incidido en que ha quedado “probado” que el Gobierno del Partido Popular “urdió” con los promotores privados “el entramado financiero” del Grupo para “captar los fondos públicos y beneficiar” a De León y Lavín, que fueron descritos por el entonces del Ejecutivo, Ignacio Diego, como empresarios “de éxito” y “con garantías”. 

Así, ha sostenido que existió “una vinculación directa” entre el Ejecutivo de Diego con De León y Lavín a través del exgerente del Icaf, Jorge Gómez de Cos, “tal como acreditan los correos que se intercambiaron”, y de la relación entre De León y Diego  que “determinaron el impulso del proyecto y su financiación por parte del Gobierno del PP, a pesar de que se trataba de una iniciativa que “carecía de plan de negocio, de estudio de mercado, de petición formal de aval y de crédito,  y de soporte documental”. 

Además de que su gestión “estuvo caracterizada por la improvisación, la falta de clientes y la pésima administración”. 

De hecho, el portavoz regionalista ha calificado la gestión de “fraudulenta” , que “conllevó una clara malversación de fondos públicos”, ya que, según ha explicado, “el dinero que debió ir a la empresa de Maliaño se destinó a otras empresas del Grupo”. “Se hizo una reestructuración financiera para desviar el dinero público destinado a la empresa de Maliaño a otras del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto, que consistía en crear una planta productiva en Santander que generara empleo local e impulsara la actividad económica de la región”, ha sostenido. 

Inviabilidad de la empresa 

Francisco Ortiz ha subrayado que “la inviabilidad” de la empresa se produjo a mediados de 2014. “Los promotores y el Gobierno del Partido Popular son conscientes de que la empresa se encuentra en quiebra en junio de 2014 y que debían solicitar el concurso de acreedores en dos meses”, ha remachado. 

Y ha destacado que lo que hace el Ejecutivo de Diego “desde junio del 2014 hasta las elecciones de mayo de 2015” es “mantener la empresa con exclusivos fines electoralistas, lo que perjudicó más si cabe a los trabajadores”, que, según ha incidido, “son víctimas, al igual que el resto de los cántabros, de todo este entramado”.