El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a convocar “con carácter urgente” el Consejo de Política Fiscal y Financiera para articular una solución que permita la devolución a las Comunidades Autónomas de la mensualidad de IVA impagada en 2017. 

La iniciativa reclama también al Gobierno que adopte “todas las medidas necesarias” para que el pago de dicha mensualidad, que en Cantabria asciende a 42 millones de euros, se produzca dentro del ejercicio presupuestario 2020. 

Mazón defenderá ambas propuestas ante la Comisión de Hacienda del Congreso como portavoz del Grupo Mixto, con el objetivo de impulsar “una salida” a la situación creada en todas las autonomías y evitar que “se vean abocadas a acudir a los tribunales para exigir un dinero que legalmente es suyo y que el Estado no puede hurtarles”. 

El diputado regionalista ha recordado que el origen de este problema se encuentra en el cambio normativo que el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, implementó en 2017 y que supuso aplazar el pago de las autoliquidaciones del IVA del 20 al 30 de cada mes. Como consecuencia, la recaudación de diciembre de 2017 no entró en caja hasta enero de 2018, por lo que ese año sólo se transfirió a las comunidades autónomas los fondos correspondientes a 11 meses. 

El impacto de esta situación se produjo en 2019, ya que la liquidación se realiza a los dos años. En aquel momento, el nuevo Gobierno socialista intentó articular una solución a través de los Presupuestos Generales del Estado, la cual no fue finalmente posible al decaer el proyecto de ley. 

Desde entonces, distintos portavoces del Ejecutivo han señalado que existen dificultades legales para poder llevar a cabo el abono del IVA a las comunidades autónomas, razón por la que Mazón considera “imprescindible” la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera “con carácter urgente” para buscar “una fórmula que sea factible y que permita acabar con el impago”. 

“El Gobierno no puede escudarse en dificultades normativas, tiene que buscar el modo que permita realizar el pago, porque hablamos de un dinero que ha sido pagado por los ciudadanos de todas las autonomías y que legítimamente les corresponde a ellas”, ha precisado. 

En consecuencia y dada la situación creada en todo el país, con varias autonomías decididas a acudir a los tribunales para reclamar legalmente la liquidación impagada, el diputado regionalista aboga por que el Ejecutivo “abandone las excusas, dé un paso adelante y plantee las soluciones posibles”, en aras del “buen entendimiento y la lealtad en las relaciones entre el Estado y las comunidades”.