El diputado y portavoz del PRC en materia de urbanismo y vivienda, José María Mazón, ha registrado hoy en el Parlamento varias peticiones de documentación para que el Gobierno de Cantabria dé a conocer sus actuaciones en relación con la ejecución de las sentencias judiciales contra la construcción en el Alto del Cuco, el desarrollo del Frente Marítimo y el nuevo Plan de Vivienda suscrito con la Administración del Estado.

Sobre el Alto del Cuco, Mazón ha pedido al Ejecutivo que remita a la Cámara todos los documentos que recogen los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Piélagos, la constructora Martinsa-Fadesa y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), para asumir la ejecución de la sentencia que determina el derribo de la promoción de viviendas autorizada en su día por el Consistorio y cuya construcción fue recurrida ante los tribunales por la Administración Autonómica.

El diputado regionalista considera que el Gobierno ha asumido “un papel que no le corresponde a costa de todos los cántabros, en un momento de tantas necesidades y recortes económicos, y con un grave perjuicio para las arcas de la Comunidad Autónoma”, que adelantarán el coste del derribo y la recuperación ambiental del terreno “sin ninguna garantía de recuperar el dinero y con el ánimo de beneficiar a una empresa privada con clara responsabilidad en el asunto”.

A su juicio, con esta actuación el Ejecutivo podría incurrir incluso en posibles delitos de “prevaricación y malversación de caudales públicos”, al asumir las consecuencias de una ilegalidad urbanística que en la pasada legislatura intentó impedir “con todos los medios a su alcance”, advirtiendo reiteradamente al Ayuntamiento de las irregularidades en las que estaba incurriendo y de las cuales las empresas promotoras “no sólo eran autoras, sino también perfectas conocedoras”.

Por otro lado, Mazón también ha pedido documentación sobre el Plan de Vivienda 2013-2016 para conocer los detalles de los programas y el balance de las “escasas actuaciones” desarrolladas desde la firma del documento, el cual ha sido suscrito “con dos años de retraso y escasas posibilidades de ponerlo en marcha antes de que comience la próxima legislatura, como el resto de las actuaciones dependientes de la Consejería de Obras Públicas”.

Además y en relación con el desarrollo del Frente Marítimo de Santander, quiere conocer la participación de la Administración Autonómica, tras constatar que el convenio original suscrito con el Ministerio “ha quedado obsoleto y ha sido reiteradamente incumplido”.