El diputado del PRC José María Mazón ha presentado una denuncia contra el consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria al considerar que ha incurrido en prevaricación administrativa y delito contra los derechos constitucionales los parlamentarios, por negarle documentación sobre expropiaciones realizadas por el Gobierno de Cantabria y ordenar a los funcionarios bajo su jurisdicción que no se la entreguen.

Así lo ha dado a conocer este viernes en rueda de prensa el propio Mazón, quien ha advertido que el consejero puede ser condenado a una pena de entre 7 y 10 años de inhabilitación, tal como le ocurrió por un comportamiento similar al ex alcalde de Vega de Pas Juan Ruiz (AIP).

El origen de esta denuncia se encuentra en unas preguntas que el diputado planteó el 27 de febrero de 2013 para que el Gobierno contestara por escrito sobre los procesos de expropiaciones llevados a cabo por la Consejería de Obras Públicas entre el 1 de julio de 2011 y el 1 de marzo de 2013. Dos meses después, incumplido el plazo legal de 20 días establecido, el Ejecutivo respondió lo siguiente: “Según informa la Dirección General de Obras Públicas, la preparación de la información solicitada supone la utilización de los medios disponibles en la Sección de Expropiaciones durante un periodo de tiempo ampliado, lo que influiría negativamente en el normal desarrollo del trabajo habitual. Por esta razón, propone que se proceda a una simplificación y concreción de las cuestiones solicitadas”.

Al considerar “evidente” la intención de “entorpecer la labor parlamentaria del diputado” con una respuesta sin contenido, Mazón remitió una protesta formal y un escrito de queja a la Mesa del Parlamento, que fue inadmitido por una cuestión formal, por lo que volvió a plantear en mayo la pregunta original simplificada, sin recibir en esta ocasión respuesta.

El diputado volvió a insistir en octubre, esta vez con una petición de documentación, que el Gobierno volvió a ignorar, a pesar de la queja formulada en diciembre a la Mesa del Parlamento, apenas unos días después de que el consejero de Obras Públicas reconociera durante su comparecencia en la Cámara para presentar el presupuesto de 2014, el 15 de noviembre, que no pensaba contestar. Es más, Rodríguez Argüeso confesó en el Parlamento y ante todo el equipo directivo de su Consejería haber prohibido la entrega de la documentación. “He dado orden yo, sí señor, he dado orden yo que del tema expropiaciones ni una contestación a usted…”, respondió literalmente a los reproches de Mazón en aquella sesión, tal como consta en el Diario de Sesiones.

En consecuencia, el parlamentario regionalista considera que su actitud es  “premeditada, voluntaria y plenamente consciente”, ya que además la ha mantenido pese a que él mismo le ha recordado en sede parlamentaria la obligatoriedad de cumplir con la ley y las consecuencias que “el incumplimiento voluntario y doloso implica”.

A su juicio, el comportamiento del consejero supone prevaricación administrativa, un delito que el Código Penal aplica a “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo” y sanciona con la pena especial de inhabilitación para empleo o cargo público.

Mazón destaca en la denuncia que no existe razonamiento de ningún tipo, “ni legal ni técnico, para justificar la orden dada” por Rodríguez Argüeso, “más allá de su propia voluntad de privar de su derecho a un parlamentario”, y ni siquiera puede negar la existencia de los datos solicitados, porque fueron facilitados a un medio de comunicación para la elaboración de un reportaje publicado el 11 de noviembre de 2013.

Considera, en consecuencia, que el consejero ha actuado “por represalia política” y ha abocado los funcionarios de su departamento a “actuar ilegalmente por omisión de su deber”, lo cual supone “una evidente desviación de poder y sometimiento de las decisiones públicas a la arbitrariedad”, que “vulnera los derechos fundamentales del diputado, impidiéndole el correcto ejercicio de la función para la que ha sido elegido”.

Por todo ello, solicita a la Fiscalía que acuerde las acciones pertinentes y abra diligencias contra Rodríguez Argüeso.

El parlamentario regionalista cree que éste no es un caso menor, porque “un cargo público no puede ignorar las leyes y los derechos reconocidos en ellas impunemente”. “Es obligatorio exigir a los gobernantes que sean los primeros en respetar la legalidad; es más, deberían dar ejemplo con un cumplimiento estricto de toda norma”, ha declarado.

También asegura que no ha podido ser “más paciente”, ni dar “más oportunidades” al consejero para cumplir su obligación de entregar la documentación, antes de recurrir a las instancias judiciales para obtenerla.

Finalmente, ha indicado que con su denuncia al fiscal del TSJC cumple lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 262 señala que “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, al juez de instrucción y en su defecto al municipal o funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante”.