El diputado nacional del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, ha cuestionado la efectividad del decreto-ley aprobado por el Gobierno y convalidado ayer por el Congreso y ha urgido “otra solución” para garantizar que las obras públicas paralizadas como consecuencia del “alza desorbitada de los precios de la energía y las materias primas” puedan reanudarse “a la mayor brevedad”. 

Durante el debate celebrado en la Cámara Baja, el parlamentario regionalista ha instado al Ministerio de Hacienda, como responsable de la Ley de Contratos del Sector Público, a “corregir” la revisión de precios aprobada, porque “no soluciona la mayoría de los problemas” y establece un umbral “tan cicatero” que la mayoría de las empresas constructoras “no van a entrar y los concursos seguirán quedando desiertos”. “Han planteado una solución que en realidad no lo es y el Ministerio lo sabe”, ha recalcado. 

Por ello ha urgido “una solución real” y ha advertido que el escenario actual, con obras públicas paralizadas y concursos desiertos al no cubrir los precios de adjudicación los costes reales de construcción, tiene consecuencias económicas “nefastas” y conlleva incluso el riesgo de perder fondos europeos, cuya llegada “está condicionada al cumplimiento de unos plazos de ejecución que en algunos casos ya sabemos que son imposibles de respetar”. 

Dado que la situación se ha visto agravada como consecuencia de la guerra de Ucrania, que ha encarecido aún más el coste energético y de las materias primas, Mazón espera que la Unión Europea conceda prórrogas para la finalización de los proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación, ya que de lo contrario –ha advertido- “vamos muy mal”. 

Al mismo tiempo, ha reclamado “un nuevo decreto-ley” para ajustar los precios a pagar por la ejecución de las obras públicas a los costes reales de la energía y las materias primas, porque las empresas “no van a trabajar para perder dinero”. “Vale más pagar un 10 por ciento más y hacer un 10 por ciento menos de obras que no hacer nada”, ha recalcado. 

Finalmente ha recordado que la obra pública genera empleo e impulsa el desarrollo económico, que se ve amenazado en este momento con “muchas obras paradas y muchas más sin empezar”, porque las condiciones de adjudicación no resultan atractivas a las empresas. “Tenemos que conseguir que la obra pública no se pare, porque muchas familias dependen de ella”, ha concluido.