El diputado del PRC José María Mazón ha denunciado públicamente hoy que la respuesta sobre expropiaciones remitida el lunes por el Gobierno de Cantabria al Parlamento, después de la denuncia por prevaricación que él mismo presentó el viernes contra el consejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, por ordenar que no se le contestara, no sólo no incluye la información que lleva un año solicitando, sino que además certifica datos posteriores al Consejo de Gobierno que aprobó el documento.

Mazón ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para dar a conocer una respuesta que a su juicio “no cuadra” y que cree que va a dar “más trabajo al fiscal”, porque –ha advertido- “las certificaciones falsas también están tipificadas en el Código Penal”.

Además de no contestar a “la pregunta clave” sobre el coste total de las expropiaciones pendientes de pago, la contestación parlamentaria que el Ejecutivo asegura haber aprobado el día 6 certifica documentos fechados al día siguiente, por lo que Mazón sospecha que fue elaborada después de la reunión del Gobierno y de presentada su denuncia ante el fiscal.

“Parece que el Gobierno ha querido salir del paso a toda velocidad porque le preocupaba la denuncia”, ha opinado.

A su juicio, el Ejecutivo “tendrá que dar muchas explicaciones”, porque “la reacción es aún peor que todo lo anterior”. “Ya se le ha pedido al fiscal que solicite toda la documentación administrativa que acompaña a este caso y yo creo que el señor Diego, la consejera de Presidencia y el señor Rodríguez tienen que tener mucho cuidado, porque están comprometiendo a todo el Consejo de Gobierno”, ha agregado.

También ha señalado que los documentos enviados al Parlamento son apenas un listado, “en unos cuadros borrosos, prácticamente ilegibles e impropios de una respuesta parlamentaria”, que no incluye el coste total de la deuda que mantiene el Gobierno en expropiaciones. “No es lo que yo quería, ni mucho menos”, ha lamentado.

El diputado regionalista se ha declarado “muy disgustado” por todo lo ocurrido y ha destacado que nunca quiso llegar a esta situación, pero “tampoco podía consentir que se vulneren los derechos de los diputados, ni que se den órdenes a los funcionarios para incumplir su obligación”.

Finalmente, ha reprochado al presidente de Cantabria el lenguaje “agresivo, insultante y barriobajero” que empleó al calificar la denuncia como “una sandez”, con una actitud que en su opinión “no corresponde al puesto que desempeña”.