Los diputados del PRC Javier López Marcano y Alodia Blanco han acusado hoy al Gobierno de Cantabria de practicar “un plan de desempleo”, que hasta el momento ha costado el puesto de trabajo a 2.000 empleados públicos y ha obligado a la Administración a asumir el pago de más de 2 millones de euros en indemnizaciones por despidos improcedentes, una cantidad que habría permitido “mantener el tejido laboral de las empresas públicas entre 2 y 3 años”.

Los parlamentarios han denunciado en rueda de prensa que el Ejecutivo del PP ha acometido “una auténtica caza de brujas”, con despidos basados en criterios de “arbitrariedad, veleidad y capricho”, y que tienen como objetivo último propiciar la privatización de los servicios públicos.

Para atajar esta situación, han presentado una proposición no de ley que Alodia Blanco defenderá este jueves en la Comisión de Presidencia y Justicia  y que insta al Gobierno a “eliminar la arbitrariedad en el despido, contratación y retribución de los empleados públicos, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad” y a conjugar “los criterios de eficacia y racionalización del gasto con la preservación de los puestos de trabajo públicos, garantizando el funcionamiento operativo de los servicios”.

Además de responsabilizar al Ejecutivo de la “cifra histórica de paro” que registra la Comunidad Autónoma, con 53.000 personas desempleadas (6.000 de ellas afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), López Marcano ha rebatido los principios de austeridad y racionalización del gasto invocados por el presidente, Ignacio Diego, para justificar los despidos en el sector público, dado que hay empresas como CANTUR que cuentan a día de hoy “con la misma plantilla que tuvo en las épocas altas de pasadas legislaturas”.

“Se despide a unos trabajadores para contratar a otros”, ha explicado el diputado regionalista, quien ha criticado especialmente casos como los ocurridos en el Servicio de Emergencias (SEMCA) y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, donde el Gobierno ha despedido a sendos directivos para sustituirlos por seis contratados de alta dirección.

“Allá donde hubo un director, ahora se nombran tres; no es de extrañar que los directores generales de este Gobierno se dediquen a sacar fotografías y a desempolvar facturas”, ha ironizado.

Además, ha denunciado el trato “ominoso” recibido por empleados como el coordinador de la Biblioteca Central, cuyo despido fue declarado nulo por los tribunales, por lo que ha sido reincorporado a su puesto de trabajo, aunque “el máximo responsable de la Sociedad de Cultura y Deporte ya le ha advertido que a la mínima oportunidad estará de nuevo en la calle”. “Ése es el proceder de algunos de nuestros gobernantes”, ha precisado.

El sector público, “vapuleado”

López Marcano ha subrayado también que con los sueldos que reciben los nuevos contratos de alta dirección la Biblioteca Central estaría “abierta todos los días, con todos sus servicios y su plantilla plena”, pero el Gobierno ha optado por “vapulear y vituperar” al sector público, “con mermas de sus derechos, ampliaciones de jornada sin sentido y eliminación de logros sociales históricamente conseguidos”.

Alodia Blanco ha rechazado por su parte el “adelgazamiento extremo” que está sufriendo la Administración regional para “favorecer” la externalización de los servicios sin garantizar la recolocación de los trabajadores despedidos.

Para la diputada del PRC, el Gobierno debe comprometerse a “respetar los principios de igualdad en el trato a los empleados públicos” y poner fin a la “arbitrariedad de establecer topes salariales para todos los trabajadores excepto los que son sus amigos”.

“Hay determinados servicios que no se pueden adelgazar de forma extrema, como la educación, la sanidad y la justicia, porque son esenciales para los ciudadanos y su merma incide en un empeoramiento del bienestar social y la calidad democrática”, ha concluido.